Crisis en la Democracia Chilena

EDITORIAL de "EL MIRADOR" Líderes y candidatos de la clase política chilena proclaman la "fiesta democrática" en alusión a los actos electorales municipales y las próximas presidenciales, mientras que un amplio sector de la ciudadanía los compara con el famoso cura "Gatica", ése que predica, pero no practica. Y la verdad es que quienes citan al reverendo no están lejos de la realidad. Basta con repasar unos pocos de los numerosos hechos de que dan cuenta las noticias nacionales en diferentes medios --que pueden ser económicamente independientes, pero no sin tendencia--, para entender que la crisis de la democracia convive con la demagogia en la mayoría de los partidos políticos. Y generalmente son las acusaciones cruzadas de sus propios dirigentes los que revelan el infierno antidemocrático en el que conviven los militantes. En la Democracia Cristiana, con el choque continuo de sus dos "alas"; en el Partido Por la Democracia, riveristas contra antirriveristas que lanzaron fuera de Hualpén a uno de sus concejales como "castigo" por su postrera acción fiscalizadora; en la Unión Demócrata Independiente, con el continuo tira y afloja entre las corrientes del diputado y de la ex alcaldesa, temporalmente unidos tras la necesaria defensa de la alcaldía penquista, y en fin, en Renovación Nacional, en cuyo seno su directiva nacional virtualmente "impidió" al Tribunal Supremo sancionar --aprobar o rechazar-- la elección interna llevada a cabo en segunda vuelta en la región del Biobío. Y así, suma y sigue. Porque cada vez que se levantan voces al interior de los partidos para denunciar o reclamar por actitudes antidemocráticas y abusivas de los dirigentes,comienzan las amenazas, persecuciones y amedrentamientos que no están políticamente reguladas por ley alguna. Pero lo ocurrido en Rn regional quedará en la historia de la llamada democracia de los partidos políticos de Chile, porque --de mantenerse como definitiva la situación actual--, quedaría como sentado que con el solo hecho de ocultar o extraviar papeles, puede anularse cualquier elección interna de una colectividad, lo cual sería una burla permanente a la democracia, y respaldaría todo el desprestigio alcanzado por la clase política nacional. La magnitud del precedente tendrá una importancia inimaginable, dependiendo de la resolución que en definitiva adopte la Corte de Apelaciones de Santiago, ante cuya instancia debieron recurrir de protección los dirigentes que resultaron electos en la segunda vuelta de una elección interna llena de cuestionamientos y prácticas nunca analizadas en profundidad, por parte de los poderes constituidos al sentirse éstos amenazados de perder --aunque fuera democráticamente-- su posición. Como es de suponer, la Ley de Partidos políticos no prevé en su articulado específicamente esta clase de situaciones. Porque si bien se reconoce el deber y la facultad del Tribunal Supremo respecto de las elecciones internas partidarias, jamás se puso en la eventualidad que la directiva central de una colectividad pudiera impedir la calificación de una elección con el simple hecho de no poner a disposición del TS la documentación correspondiente. Porque es la directiva central del partido, a través de su secretario general, la que tiene que velar por el cumplimiento de las condiciones necesarias para que TS cumpla su función. De no ocurrir así, es el propio Tribunal Supremo el que debe "ordenar" se pongan a su disposición los antecedentes faltantes. Pero en el caso que se comenta, el Tribunal Supremo --sin dar cumplimiento a su obligación-- dio carta blanca a la directiva central, la que de esta forma se sintió libre para obrar a su arbitrio nominando a una directiva regional "de facto", cuyos integrantes a todas luces aparecen como los más leales al timonel derrotado en el Biobío, y burlando así el resultado de las urnas. Ahora, es la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá pronunciarse no sólo respecto a los derechos vulnerados de los dirigentes electos, sino que de paso, también deberá analizar y pronunciarse sobre la actuación de las instancias superiores del partido en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones y del respeto a la democracia por la cual se pronunció la simple mayoría de los militantes para cambiar la dirección regional del partido. El presidente nacional de RN, senador designado Carlos Larrín, al ser consultado sobre estos hechos por Radio Biobío en Concepción, llegó al extremo de expresar que "este asunto ya es historia, y está enterrado", como si efectivamente él a su antojo, quisiera enterrar la democracia.