Al recién reelecto alcalde de Hualpén parece obsesionarle la idea de ir contra la ley. Ahora, y por razones que no se entienden, las emprendió contra el periódico “El Mirador”, para impedir su circulación, impedir que busque noticias y que las publique. He aquí algunas de las acciones que ejerce desde su alto cargo: primero, hace que su departamento de comunicaciones deje de enviar a “El Mirador” las informaciones o invitaciones que corresponden al quehacer municipal, pese a tener varios profesionales para ello; luego, permite que arbitrariamente se impida labor al editor del periódico, en un acto a los profesores, desde donde se le “desalojó” con más de una amenaza, y con la intervención del Jefe de Seguridad Ciudadana, como amedrentamiento; después, prohíbe tomar fotografías en las sesiones del Concejo Municipal, que son tan públicas como las del Congreso Nacional, donde nadie se opone al uso de las cámaras fotográficas, ni se restringe los derechos a la Prensa, y ahora, niega una entrevista a “El Mirador”, la que se le ha solicitado verbalmente, y con la formalidad de de dos escritos, para dar a conocer las nuevas ideas que tenga luego de resultar reelecto con una tan alta mayoría que ni él mismo se la esperaba.
«¿Qué pretende esconder el Alcalde de Hualpén? ¿Por qué le teme al periódico “El Mirador”, que desde su nacimiento en Internet ha estado al servicio del progreso y desarrollo de esta comuna…?»
Porque en la penúltima sesión del Concejo de la comuna, el miércoles 12, cuando aún estaban todos los concejales y algunos asistentes presentes, el Editor se acercó a reiterarle la petición de entrevista. Su respuesta textual fue ésta: “¿cómo te voy a dar una entrevista a tí, después que me sacaste ‘la cresta’ en la campaña?”.
Hay que notar, no obstante, que en sus discursos el Alcalde Rivera siempre hace alusión a la democracia, la transversalidad, y al trabajo con todos, sin discriminaciones odiosas.
lunes, 24 de noviembre de 2008
Sectarismo y Dictadura
Todo el mundo, político y no político, se enorgullece o se jacta de vivir en un país y en una sociedad democrática, en la que se da por sentado el respeto a los derechos de las personas y la participación libre y soberana de ellas en la elección de sus autoridades y en la toma de numerosas e importantes decisiones.
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?
viernes, 24 de octubre de 2008
No a la exclusión y al Revanchismo
Todo el país ha estado pendiente de los resultados de las elecciones municipales.
Saber quién será en definitiva el alcalde en cada comuna, y quiénes serán los concejales que deberán marcar el ritmo de trabajo durante los próximos cuatro años, es una necesidad de la mayoría de los ciudadanos, si no de todos.
Pero no basta con saber quiénes serán.
Es el momento preciso para reflexionar en las consecuencias de una campaña larga; por cierto, más larga y con más propaganda que el mes oficial que establece la ley. Campaña de la que resultan vencedores y perdedores. Alegres los unos, y apesadumbrados los otros.
Pero creemos que son las «otras» consecuencias las que importan: qué clase de gestión tendremos, y cuál será el trato que recibirán en los municipios los pobladores partidarios de aquellas candidaturas que resultaron derrotadas.
Porque, a decir verdad, uno de los males de ciertas clases políticas de hoy, es la exclusión, la discriminación y el sectarismo.
Muchas son las comunas en las que los servicios municipales encargados de administrar beneficios fiscales, suelen ser entregados sólo a quienes probaron su fidelidad partidaria, aunque no militante, para lograr el triunfo alcanzado. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las becas «Presidente de la República» para estudiantes de la enseñanza media, cuyo beneficio no fue entregado a estudiantes de excelencia académica durante los cuatro años del gobierno comunal que termina, por no acreditar la lealtad de sus padres al régimen, aunque fueran económicamente vulnerables.
Cabe entonces esperar que, cualquiera sean los resultados, no surja esta vez el «desquite» cuando de beneficios fiscales se trata.
Toda campaña deja sentimientos heridos, producto de la lucha electoral y sus inevitables descalificaciones. Hasta personas heridas víctimas de agresiones, y gente humillada y discriminada sólo por no pertenecer a un bando.
Invocando el espíritu cristiano del que se habla y se abusa, esperamos que estos males no se den, o no vuelvan a repetirse en nuestra comunidad.
Esperamos un trabajo limpio, integrador, no excluyente y verdaderamente transversal; en un ambiente donde no haya temor; donde nadie deba bajar la vista por miedo o enojo insano. Pero además, un trabajo con verdadera participación ciudadana de la que hablaban tanto los candidatos, como lo hizo en su tiempo la Presidenta Bachelet.
Este es nuestro «sueño de la ciudad que queremos»
Saber quién será en definitiva el alcalde en cada comuna, y quiénes serán los concejales que deberán marcar el ritmo de trabajo durante los próximos cuatro años, es una necesidad de la mayoría de los ciudadanos, si no de todos.
Pero no basta con saber quiénes serán.
Es el momento preciso para reflexionar en las consecuencias de una campaña larga; por cierto, más larga y con más propaganda que el mes oficial que establece la ley. Campaña de la que resultan vencedores y perdedores. Alegres los unos, y apesadumbrados los otros.
Pero creemos que son las «otras» consecuencias las que importan: qué clase de gestión tendremos, y cuál será el trato que recibirán en los municipios los pobladores partidarios de aquellas candidaturas que resultaron derrotadas.
Porque, a decir verdad, uno de los males de ciertas clases políticas de hoy, es la exclusión, la discriminación y el sectarismo.
Muchas son las comunas en las que los servicios municipales encargados de administrar beneficios fiscales, suelen ser entregados sólo a quienes probaron su fidelidad partidaria, aunque no militante, para lograr el triunfo alcanzado. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las becas «Presidente de la República» para estudiantes de la enseñanza media, cuyo beneficio no fue entregado a estudiantes de excelencia académica durante los cuatro años del gobierno comunal que termina, por no acreditar la lealtad de sus padres al régimen, aunque fueran económicamente vulnerables.
Cabe entonces esperar que, cualquiera sean los resultados, no surja esta vez el «desquite» cuando de beneficios fiscales se trata.
Toda campaña deja sentimientos heridos, producto de la lucha electoral y sus inevitables descalificaciones. Hasta personas heridas víctimas de agresiones, y gente humillada y discriminada sólo por no pertenecer a un bando.
Invocando el espíritu cristiano del que se habla y se abusa, esperamos que estos males no se den, o no vuelvan a repetirse en nuestra comunidad.
Esperamos un trabajo limpio, integrador, no excluyente y verdaderamente transversal; en un ambiente donde no haya temor; donde nadie deba bajar la vista por miedo o enojo insano. Pero además, un trabajo con verdadera participación ciudadana de la que hablaban tanto los candidatos, como lo hizo en su tiempo la Presidenta Bachelet.
Este es nuestro «sueño de la ciudad que queremos»
martes, 7 de octubre de 2008
Los Concejales que el país necesita
La mayoría de la gente piensa que los concejales no son más que otras autoridades locales que tienen que ver con el quehacer comunal o con la municipalidad.
Se eligen generalmente por ser los más conocidos, líderes naturales, o porque se han destacado en alguna actividad. También porque han tenido los recursos necesarios para darse a conocer en el momento indicado.
Pero lo que todo ciudadano debe saber, es que los concejales tienen roles y obligaciones específicas que cumplir, y que muy pocos de ellos sí cumplen.
Por ejemplo, la ley señala que el concejo es de «carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local»
¿Y cuántos concejales se conocen que realmente ejercen su función fiscalizadora, y sobre todo, que hacen efectiva la participación de la comunidad?
En su letra d) del artículo 79, la Ley Orgánica de Municipalidades señala expresamente que el concejal debe «Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan...»
¿Y cuáles son los concejales que realmente fiscalizan?
Porque generalmente, cuando lo hacen, y cumplen con el mandato que les entrega la ley, son tildados de obstructores, que “andan con la cosa chica”, que lo hacen sólo porque son de oposición… si es que lo son.
Y si no lo hacen, eso de fiscalizar…, es que simplemente no sirven. No cumplen con la ley. Son cómplices de irregularidades y hasta de ilegalidades, lo que generalmente ocurre por la llamada “lealtad política”, por amistad, compadrazgo; por dependencia, o hasta por lazos de familiaridad, como ha ocurrido por ejemplo, en la comuna de Tomé.
Entonces, ¿qué concejales son los que necesita el país?
Todo ciudadano, que por cierto incluye al poblador común menos instruido, debe saber que el concejal tiene la misión no sólo de fiscalizar al alcalde, preocuparse que las finanzas municipales estén correctas, y recomendar las prioridades de inversión y obras de adelanto, sino que además, debe representar a los habitantes de la comuna ante el Concejo, y debe “hacer efectiva la participación de la comunidad local”.
Desde luego, parece natural que no siempre se cumplan tales requisitos. Porque a muy pocos ciudadanos parece importarle el cumplimiento de tales roles, que se hallan establecidos expresamente en la ley.
Entonces, parece útil recomendar que a la hora de votar se tengan presentes las disposiciones de la ley. Porque con una fiscalización oportuna y efectiva, los municipios y particularmente los alcaldes, no tendrán que enfrentar acusaciones y recursos legales que pudieran terminar en su destitución, lo que ocurre muy a menudo porque además, los asesores, en vez de asesorar, se dedican a llevarle el amén al “jefe”, a quien no se atreven a contrariar ni siquiera para evitar faltas a la legalidad.
Se eligen generalmente por ser los más conocidos, líderes naturales, o porque se han destacado en alguna actividad. También porque han tenido los recursos necesarios para darse a conocer en el momento indicado.
Pero lo que todo ciudadano debe saber, es que los concejales tienen roles y obligaciones específicas que cumplir, y que muy pocos de ellos sí cumplen.
Por ejemplo, la ley señala que el concejo es de «carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local»
¿Y cuántos concejales se conocen que realmente ejercen su función fiscalizadora, y sobre todo, que hacen efectiva la participación de la comunidad?
En su letra d) del artículo 79, la Ley Orgánica de Municipalidades señala expresamente que el concejal debe «Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan...»
¿Y cuáles son los concejales que realmente fiscalizan?
Porque generalmente, cuando lo hacen, y cumplen con el mandato que les entrega la ley, son tildados de obstructores, que “andan con la cosa chica”, que lo hacen sólo porque son de oposición… si es que lo son.
Y si no lo hacen, eso de fiscalizar…, es que simplemente no sirven. No cumplen con la ley. Son cómplices de irregularidades y hasta de ilegalidades, lo que generalmente ocurre por la llamada “lealtad política”, por amistad, compadrazgo; por dependencia, o hasta por lazos de familiaridad, como ha ocurrido por ejemplo, en la comuna de Tomé.
Entonces, ¿qué concejales son los que necesita el país?
Todo ciudadano, que por cierto incluye al poblador común menos instruido, debe saber que el concejal tiene la misión no sólo de fiscalizar al alcalde, preocuparse que las finanzas municipales estén correctas, y recomendar las prioridades de inversión y obras de adelanto, sino que además, debe representar a los habitantes de la comuna ante el Concejo, y debe “hacer efectiva la participación de la comunidad local”.
Desde luego, parece natural que no siempre se cumplan tales requisitos. Porque a muy pocos ciudadanos parece importarle el cumplimiento de tales roles, que se hallan establecidos expresamente en la ley.
Entonces, parece útil recomendar que a la hora de votar se tengan presentes las disposiciones de la ley. Porque con una fiscalización oportuna y efectiva, los municipios y particularmente los alcaldes, no tendrán que enfrentar acusaciones y recursos legales que pudieran terminar en su destitución, lo que ocurre muy a menudo porque además, los asesores, en vez de asesorar, se dedican a llevarle el amén al “jefe”, a quien no se atreven a contrariar ni siquiera para evitar faltas a la legalidad.
Concejala Apela a su Destitución en Hualpén
El Tribunal Electoral Regional, TER, concedió la apelación interpuesta por la concejala Fabiola Lagos, para ante el TRICEL, luego que le rechazara un recurso de reposición en el que solicitaba la anulación de la sentencia que dio lugar a la petición de destitución de su cargo de concejala, por incompatibilidad de funciones.
La acción presentada ante el TER por el concejal Gabriel Torres, se fundamentó en la incompatibilidad de funciones, al asumir ella cargos remunerados por la Municipalidad en el DAEM.
Tras la sentencia de primera instancia y el rechazo del recurso de reposición, la siguiente sesión ordinaria del Concejo Municipal se efectuó sin la presencia del Alcalde, debiendo ser presidida por Lagos. Pero antes de entrar a la hora de incidentes, ella abandonó la testera, sorprendiendo a los concejales y vecinos presentes.
Ante esta acción, la sesión continuó, pero presidida esta vez por el propio concejal Torres, sin que pudieran tratarse temas tales como la misma destitución.
Torres, sin embargo, planteó nuevamente su inquietud respecto del uso y abuso publicitario que se estaría haciendo del periódico municipal «El Hualpenino».
La concejala Lagos continúa ejerciendo su cargo de elección popular, mientras se espera el fallo definitivo de segunda instancia, y no tiene impedimento legal para continuar su campaña de postulación a un nuevo período, después de lo cual tendría que decidir si seguir como concejala, o continuar como funcionaria municipal.
La acción presentada ante el TER por el concejal Gabriel Torres, se fundamentó en la incompatibilidad de funciones, al asumir ella cargos remunerados por la Municipalidad en el DAEM.
Tras la sentencia de primera instancia y el rechazo del recurso de reposición, la siguiente sesión ordinaria del Concejo Municipal se efectuó sin la presencia del Alcalde, debiendo ser presidida por Lagos. Pero antes de entrar a la hora de incidentes, ella abandonó la testera, sorprendiendo a los concejales y vecinos presentes.
Ante esta acción, la sesión continuó, pero presidida esta vez por el propio concejal Torres, sin que pudieran tratarse temas tales como la misma destitución.
Torres, sin embargo, planteó nuevamente su inquietud respecto del uso y abuso publicitario que se estaría haciendo del periódico municipal «El Hualpenino».
La concejala Lagos continúa ejerciendo su cargo de elección popular, mientras se espera el fallo definitivo de segunda instancia, y no tiene impedimento legal para continuar su campaña de postulación a un nuevo período, después de lo cual tendría que decidir si seguir como concejala, o continuar como funcionaria municipal.
domingo, 24 de agosto de 2008
La Misión de Informar
El derecho a informar y a ser informado es sin duda alguna uno de los pilares fundamentales de la verdadera democracia. Por tanto, el que niegue la información, se niega también a la transparencia de la que tanto se habla, haciendo que los demás duden lícitamente de su actuar, al pretender ocultar los actos que son de interés público, como por ejemplo, los que se derivan o deben derivarse del uso de recursos que el Estado entrega para beneficiar a los habitantes del país.
Desde luego, la información es vital a la hora de tomar cualquier clase de decisiones, como ocurre frente a la oportunidad de elegir mediante el voto a las autoridades que deben velar por el bienestar de la ciudadanía.
La propia Constitución Política de la República consagra el derecho a informar y ser informado, en el Nº 12 del Art. 19, que se refiere a los derechos ciudadanos. Y también lo hace la actual Ley de Prensa Nº 19.733.
Pero hay autoridades que amenazan; que tildan de enemigo político no sólo a quien critique u objete su gestión, sino a quien asuma la misión de informar, como está consagrado en el Derecho Natural, así como en la legislación citada. Autoridades que de esta forma atropellan el derecho de las personas a ser informadas, sin censura previa, de todo cuanto acontece en su comunidad, ordenando o permitiendo que sus funcionarios no informen…
Se nos ha dicho que no existen medios independientes, de verdad. Porque cada medio “depende” de alguien, con su propio criterio y no siempre igual al del otro. Pero lo cierto es que debe entenderse como un medio independiente, justamente al que no acepte presiones, a costa de ser tildado de contrario. Medio independiente es el que no se niega a la verdad; el que recoge las inquietudes de todos los sectores, en tanto no se les niegue la información; el que ofrece sus páginas, sus micrófonos o sus cámaras a todo el que lo necesite, porque la misión de informar es dar a conocer los acontecimientos que se suceden en torno al ser humano.
Por otra parte, debe entenderse que no es enemigo político quien a través de la información hace notar falencias o errores que de otro modo parecieran pasar desapercibidas.
Las comunidades necesita un medio de expresión, abierto a la opinión de quien lo desee, por lo que invitamos a columnistas, articulistas y comentaristas a expresarse en forma responsable y respetuosa. Invitamos también a los dirigentes vecinales y de organizaciones sociales, para tener un corresponsal en cada una de ellas, que nos den cuenta de sus realizaciones, inquietudes y necesidades, sin que se sientan amenazados o amordazados.
Creemos firmemente que esta es nuestra misión, y por tanto, quedamos al servicio de la comunidad: las personas, empresas, organizaciones y autoridades, de todos quienes también esperamos su respaldo.
Desde luego, la información es vital a la hora de tomar cualquier clase de decisiones, como ocurre frente a la oportunidad de elegir mediante el voto a las autoridades que deben velar por el bienestar de la ciudadanía.
La propia Constitución Política de la República consagra el derecho a informar y ser informado, en el Nº 12 del Art. 19, que se refiere a los derechos ciudadanos. Y también lo hace la actual Ley de Prensa Nº 19.733.
Pero hay autoridades que amenazan; que tildan de enemigo político no sólo a quien critique u objete su gestión, sino a quien asuma la misión de informar, como está consagrado en el Derecho Natural, así como en la legislación citada. Autoridades que de esta forma atropellan el derecho de las personas a ser informadas, sin censura previa, de todo cuanto acontece en su comunidad, ordenando o permitiendo que sus funcionarios no informen…
Se nos ha dicho que no existen medios independientes, de verdad. Porque cada medio “depende” de alguien, con su propio criterio y no siempre igual al del otro. Pero lo cierto es que debe entenderse como un medio independiente, justamente al que no acepte presiones, a costa de ser tildado de contrario. Medio independiente es el que no se niega a la verdad; el que recoge las inquietudes de todos los sectores, en tanto no se les niegue la información; el que ofrece sus páginas, sus micrófonos o sus cámaras a todo el que lo necesite, porque la misión de informar es dar a conocer los acontecimientos que se suceden en torno al ser humano.
Por otra parte, debe entenderse que no es enemigo político quien a través de la información hace notar falencias o errores que de otro modo parecieran pasar desapercibidas.
Las comunidades necesita un medio de expresión, abierto a la opinión de quien lo desee, por lo que invitamos a columnistas, articulistas y comentaristas a expresarse en forma responsable y respetuosa. Invitamos también a los dirigentes vecinales y de organizaciones sociales, para tener un corresponsal en cada una de ellas, que nos den cuenta de sus realizaciones, inquietudes y necesidades, sin que se sientan amenazados o amordazados.
Creemos firmemente que esta es nuestra misión, y por tanto, quedamos al servicio de la comunidad: las personas, empresas, organizaciones y autoridades, de todos quienes también esperamos su respaldo.
Alza de Pasajes en Regiones
En los últimos días se ha anunciado y se ha concretado importantes alzas en el valor de los pasajes, en diversas ciudades y localidades de regiones, incluyendo la nuestra.
Uno de los factores que gatillan estas alzas es el precio de los combustibles, tremendamente distorsionado por el ya famoso impuesto específico, o adicional, que a mi juicio debiera desparecer o reducirse en forma drástica, por tratarse de un impuesto que conforme a las leyes que le fueron dando forma, está destinado a fines diversos, pero calculados en una proyección de incremento mucho menos fuerte que la actual.
Lo anterior quiere decir que el Fisco está percibiendo ingresos muy superiores a los estimados en sus inicios. Y si esos mayores ingresos debieron destinarse, por ejemplo al aumento de las pensiones de vejez, éstas no se han visto aumentadas en el mayor precio sostenido por los combustibles, lo que significa que tales diferencias debieran presentarse en algún estado, como superávit de las arcas fiscales. ¿Qué ha sucedido con ello?
Uno de los factores que gatillan estas alzas es el precio de los combustibles, tremendamente distorsionado por el ya famoso impuesto específico, o adicional, que a mi juicio debiera desparecer o reducirse en forma drástica, por tratarse de un impuesto que conforme a las leyes que le fueron dando forma, está destinado a fines diversos, pero calculados en una proyección de incremento mucho menos fuerte que la actual.
Lo anterior quiere decir que el Fisco está percibiendo ingresos muy superiores a los estimados en sus inicios. Y si esos mayores ingresos debieron destinarse, por ejemplo al aumento de las pensiones de vejez, éstas no se han visto aumentadas en el mayor precio sostenido por los combustibles, lo que significa que tales diferencias debieran presentarse en algún estado, como superávit de las arcas fiscales. ¿Qué ha sucedido con ello?
miércoles, 2 de julio de 2008
Serviu y los Proyectos de Mejoramiento
Los proyectos vecinales que se enmarcan dentro del programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, como los de “Mejoramiento de la Vivienda y su Entorno” y otros, revisten tan grande importancia, como el reconocimiento que debe hacerse del esfuerzo realizado por el Gobierno para llevar adelante estos planes en beneficio de las familias de menores recursos a lo largo de todo el país.
Y es justamente por la importancia de esta acción gubernamental, que creemos necesario que las autoridades no sólo participen del sostenimiento y ejecución de estos programas, sino que además se preocupen de velar por la transparencia en el uso de los recursos fiscales que se entregan para ellos, con el fin de evitar oportunamente las desagradables sorpresas relacionadas con abusos e irregularidades que rayan en la corrupción, como se ha visto en otros sectores que tienen que ver con la administración de los recursos puestos por el Estado en favor de los más necesitados en todo el país.
Para ello, la autoridad competente debe arbitrar todas las medidas necesarias, fiscalizando y facilitando la fiscalización en cada proyecto que se ejecute, sin hacer tabla rasa de las inquietudes planteadas por los pobladores, como ha ocurrido con motivo de la ejecución de numerosos proyectos cuya calidad ha sido disminuida, con fines poco claros.
Recambio de techumbres sin canaletas ni bajadas de agua; cambio de cubierta en edificios, dejando todos el maderamen húmedo y semidestruido por termitas; rejas de antejardín que fueron concebidos con barrotes tubulares y radier lieneal completo, y que terminaron en perfiles de ángulo, delgados, con tres o cuatro “pollos” en vez de radier”; pavimento de calzadas a las que le quitaron el derecho a veredas; nuevas fachadas, con puertas angostas, y pequeñas ventanas de cargo del poblador… en fin, todo un descalabro del que nadie se atreve a hablar, ni mucho menos denunciar. Todo esto, son algunas de las irregularidades que quedan ahí, en silencio, culpando sólo a la condición de pobreza…
Creemos que no se trata de buscar culpables.
Se trata de buscar las formas de evitar estos abusos, vengan de donde vengan, y dando antes que nada confianza al poblador para que no tema exigir la calidad con que estos proyectos han sido concebidos. Pero de verdad. Sin agresiones solapadas ni represalias, lo que todos debemos combatir igual que a la delincuencia.
Y es justamente por la importancia de esta acción gubernamental, que creemos necesario que las autoridades no sólo participen del sostenimiento y ejecución de estos programas, sino que además se preocupen de velar por la transparencia en el uso de los recursos fiscales que se entregan para ellos, con el fin de evitar oportunamente las desagradables sorpresas relacionadas con abusos e irregularidades que rayan en la corrupción, como se ha visto en otros sectores que tienen que ver con la administración de los recursos puestos por el Estado en favor de los más necesitados en todo el país.
Para ello, la autoridad competente debe arbitrar todas las medidas necesarias, fiscalizando y facilitando la fiscalización en cada proyecto que se ejecute, sin hacer tabla rasa de las inquietudes planteadas por los pobladores, como ha ocurrido con motivo de la ejecución de numerosos proyectos cuya calidad ha sido disminuida, con fines poco claros.
Recambio de techumbres sin canaletas ni bajadas de agua; cambio de cubierta en edificios, dejando todos el maderamen húmedo y semidestruido por termitas; rejas de antejardín que fueron concebidos con barrotes tubulares y radier lieneal completo, y que terminaron en perfiles de ángulo, delgados, con tres o cuatro “pollos” en vez de radier”; pavimento de calzadas a las que le quitaron el derecho a veredas; nuevas fachadas, con puertas angostas, y pequeñas ventanas de cargo del poblador… en fin, todo un descalabro del que nadie se atreve a hablar, ni mucho menos denunciar. Todo esto, son algunas de las irregularidades que quedan ahí, en silencio, culpando sólo a la condición de pobreza…
Creemos que no se trata de buscar culpables.
Se trata de buscar las formas de evitar estos abusos, vengan de donde vengan, y dando antes que nada confianza al poblador para que no tema exigir la calidad con que estos proyectos han sido concebidos. Pero de verdad. Sin agresiones solapadas ni represalias, lo que todos debemos combatir igual que a la delincuencia.
viernes, 20 de junio de 2008
Contundente Fallo Por Ilegalidad de la Municipalidad de Hualpén en Contra de Junta de Vecinos 44-C
En contundente fallo, la Corte de Apelaciones de Concepción ordena a la Municipalidad de Hualpén a registrar y certificar el cambio de presidente de la Junta de Vecinos 44-C “José Miguel Carrera”, que la entidad edilicia se había negado a cumplir desde la destitución por censura, del ex presidente Héctor Delgado Soto, ocurrida en julio de 2007.
El fallo del Tribunal de Alzada penquista sentencia en el Recurso de Protección deducido en contra del municipio y de su alcalde, Marcelo Rivera, que “debe considerarse válida la nueva directiva de la junta de vecinos 44-c, encabezada por su presidente César Andrades, y consecuencialmente la municipalidad recurrida debe proceder al registro de esta directiva… … y a otorgar el certificado referido en el artículo 6 inciso 2 de la Ley 19.418”.
DECLARADA LA ILEGALIDAD.-
Refiriéndose al fondo del problema, por la no certificación requerida, y que dio origen al Recurso hecho por los vecinos, la Corte acoge en todas sus partes los planteamientos de los recurrentes, al expresar que “la negativa del ente municipal constituye una ilegalidad y un desacato al artículo 6 de la Ley 19.418 precitado, perjudicando o limitando el derecho de asociación que corresponde a los actores conforme al artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política de la República”.
EL DICTAMEN DE CONTRALORÍA.-
La resolución judicial, de fecha 3 de junio en curso, ratifica además el pronunciamiento emitido por la Contraloría Regional del Biobío fecha 15 de abril, “tenido a la vista, y en el que, analizando el mismo problema de este recurso de protección, llega a similar conclusión”.
Cabe recordar que la defensa municipal rechazó el dictamen por cuestiones de forma, no obstante que las bases jurídicas del mismo, así como los hechos, están a la vista, y no cambiarán. El municipio sostiene que Contraloría no debió emitir un pronunciamiento sobre materias que se hallaban pendientes de resolución en los Tribunales, refiriéndose los dos recursos presentados ante la Corte: el de Protección recientemente fallado, y el de Ilegalidad, que se hallaría en su fase final.
En su análisis jurídico, la Contraloría Regional sienta importantes precedentes sobre la inviolabilidad a la autonomía de las juntas de vecinos y demás organizaciones sociales, que es lo que los recurrentes sostuvieron desde un principio, frente a la arbitrariedad sostenida por la Municipalidad de Hualpén y su alcalde, Marcelo Rivera.
El fallo del Tribunal de Alzada penquista sentencia en el Recurso de Protección deducido en contra del municipio y de su alcalde, Marcelo Rivera, que “debe considerarse válida la nueva directiva de la junta de vecinos 44-c, encabezada por su presidente César Andrades, y consecuencialmente la municipalidad recurrida debe proceder al registro de esta directiva… … y a otorgar el certificado referido en el artículo 6 inciso 2 de la Ley 19.418”.
DECLARADA LA ILEGALIDAD.-
Refiriéndose al fondo del problema, por la no certificación requerida, y que dio origen al Recurso hecho por los vecinos, la Corte acoge en todas sus partes los planteamientos de los recurrentes, al expresar que “la negativa del ente municipal constituye una ilegalidad y un desacato al artículo 6 de la Ley 19.418 precitado, perjudicando o limitando el derecho de asociación que corresponde a los actores conforme al artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política de la República”.
EL DICTAMEN DE CONTRALORÍA.-
La resolución judicial, de fecha 3 de junio en curso, ratifica además el pronunciamiento emitido por la Contraloría Regional del Biobío fecha 15 de abril, “tenido a la vista, y en el que, analizando el mismo problema de este recurso de protección, llega a similar conclusión”.
Cabe recordar que la defensa municipal rechazó el dictamen por cuestiones de forma, no obstante que las bases jurídicas del mismo, así como los hechos, están a la vista, y no cambiarán. El municipio sostiene que Contraloría no debió emitir un pronunciamiento sobre materias que se hallaban pendientes de resolución en los Tribunales, refiriéndose los dos recursos presentados ante la Corte: el de Protección recientemente fallado, y el de Ilegalidad, que se hallaría en su fase final.
En su análisis jurídico, la Contraloría Regional sienta importantes precedentes sobre la inviolabilidad a la autonomía de las juntas de vecinos y demás organizaciones sociales, que es lo que los recurrentes sostuvieron desde un principio, frente a la arbitrariedad sostenida por la Municipalidad de Hualpén y su alcalde, Marcelo Rivera.
viernes, 2 de mayo de 2008
Alcalde de Hualpén Desafía la Legalidad
El alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, hasta ahora presidente regional del
PPD, ha desafiado abierta y públicamente la legalidad al rechazar categóricamente
un dictamen de la Contraloría Regional de Concepción, que simplemente le ordena
cumplir con la ley, ante su negativa de certificar el cambio de presidente al
interior de la Junta de Vecinos 44-C "José Miguel Carrera", de esta comuna. Esta vez, "la defensa" municipal intenta utilizar como resquicio el que la
Contraloría no podría pronunciarse mientras se tramitan en la Corte de Apelaciones
dos causas interpuestas sobre el mismo tema. Con ello, el alcalde Marcelo Rivera,
o su equipo de asesores, está utilizando el mismo pretexto dilatorio que utilizó
ante la Corte de Apelaciones en nuestra primera presentación, procurando engañar o
distraer la atención de los tribunales. ¿Qué hace que una autoridad local persista en vulnerar la autonomía de
una orga nización social? ¿Qué grandes motivos tiene para negarse a cumplir con la ley que le ordena
certificar las modificaciones en el directorio de una junta de vecinos? ¿Por qué a cualquier pretexto desconoce la argumentación jurídica de la
Contraloría, que es la misma que le hemos planteados como vecinos debidamente
informados? ¿Es posible que un alcalde oficialista se eche al bolsillo una resolución
imperativa de la Contraloría, sin dejar que las instituciones funcionen? El dictamen de Contraloría ha sido dictado en estricto derecho. Lo demás
son simples pretextos, excusas dilatorias e ilegalidades. Y si el alcalde no se
ajusta al derecho, ¿qué le exigiremos a sus funcionarios o a los vecinos en
general? Las acciones ante la Corte, que alude su "defensa", fueron presentadas después
que lo hiciéramos en Contraloría, organismo este último al que entregamos los dos
fallos anteriores del año 2007: el de la Corte, que decidió esperar por una lenta
resolución del TER, y el de este último tribunal, que finalmente se declaró
incompetente por las mismas razones de autonomía por las cuales el alcalde no debe
intervenir. La Contraloría tenía la obligación de pronunciarse, ya que no tenía por qué
saber que después volveríamos a recurrir a la Corte, en uso de nuestros justos
derechos. Los dirigentes vecinales sólo esperamos que quede claro que el alcalde
"se la juega" por eludir la Ley y por intervenir ilícitamente al interior de las
organizaciones sociales. Entonces, es obvio concluir que una vez más nuestro alcalde en Hualpén,
"se la juega" para evitar cumplir con la Ley y con sus obligaciones de autoridad
en beneficio de todos los pobladores habitantes de esta comuna, y no en resguardo
de un dirigente que ha sido cuestionado al interior de una organización absoluta y
soberanamente autónoma. Por lo tanto, es falso que los recursos ante la Corte se
refieran a si fue legal o no la censura a un dirigente, como lo afirma, ya que
ambos sólo se refieren al obstinado incumplimiento de la ley, que le ordena
certificar una decisión autónoma de la junta de vecinos. Por otra oparte, hay que recordar que mientras nos acusaba de "dictadores"
porque habríamos "derrocado" a un presidente de la junta de vecinos que fue
censurado por una asamblea extraordinaria conforme a la ley, él avalaba también
mediante la censura, el descabezamiento de todo el directorio de la Asociación de
Funcionarios de la Municipalidad de Hualpén, organización gremial que recién ha
entrado en un proceso electoral del que no todos confían (no hablan en voz alta
porque temen perder sus puestos). Hoy, queda al descubierto que la única razón por la que el alcalde no reconoce
el cambio de presidente, es porque el dirigente César Andrades, quien quesó a la
cabeza de la organización tras ejercer como su vicepresidente, va como candidato a
concejal por la Alianza, cosa que no nos importa, porque como el mismo alcalde
dice, hay que trabajar unidos, "sin mirarnos el color político unos a otros", por
el bien superior de la comunidad. La pertinacia del alcalde no alcanza a sernos comprensible. Menos aún, cuando
uno escucha sus discursos en los que siempre habla de "unidad", "trabajo
conjunto", "nobleza, generosidad y grandeza"... ¿Por qué insiste en apartarse de la Ley el alcalde de Hualpén, aun a costa de
mantener marginados de participar por ya casi un año a todo un sector habitacional
de la comuna? Conocidos son ya por buena parte de la población, numerosos otros recursos por
actos contrarios a la legalidad, como los empresndidos por un profesor con motivo
de un llamado a concurso; el de cerca de 50 funcionarios de la salud, por
rebajarles arbitrariamente sus rermuneraciones; el reclamo interpuesto por el caso
de los funcionarios municipales ante la Inspección del Trabajo, que terminó en una
declaración de "práctica antisindical" por parte del alcalde, que debía llegar a
conocimiento de la Contraloría; los reiterados reclamos del Colegio de Profesores,
y en fin, entre otras acciones, los recursos interpuestos por nuestra propia junta
de vecinos. Recién hace unos días, el alcalde dio su cuenta pública en un gran centro de
eventos, la que quedó marcada por la manifestación de un vecino que se atrevió a
mostrar su disgusto a viva voz. Y entre las pifias de unos y aplausos de otros de
los asistentes, el vecino fue sacado por los guardaespaldas, por su valentía,
mientras el alcalde las emprtendía verbalmente contra un concejal.
PPD, ha desafiado abierta y públicamente la legalidad al rechazar categóricamente
un dictamen de la Contraloría Regional de Concepción, que simplemente le ordena
cumplir con la ley, ante su negativa de certificar el cambio de presidente al
interior de la Junta de Vecinos 44-C "José Miguel Carrera", de esta comuna. Esta vez, "la defensa" municipal intenta utilizar como resquicio el que la
Contraloría no podría pronunciarse mientras se tramitan en la Corte de Apelaciones
dos causas interpuestas sobre el mismo tema. Con ello, el alcalde Marcelo Rivera,
o su equipo de asesores, está utilizando el mismo pretexto dilatorio que utilizó
ante la Corte de Apelaciones en nuestra primera presentación, procurando engañar o
distraer la atención de los tribunales. ¿Qué hace que una autoridad local persista en vulnerar la autonomía de
una orga nización social? ¿Qué grandes motivos tiene para negarse a cumplir con la ley que le ordena
certificar las modificaciones en el directorio de una junta de vecinos? ¿Por qué a cualquier pretexto desconoce la argumentación jurídica de la
Contraloría, que es la misma que le hemos planteados como vecinos debidamente
informados? ¿Es posible que un alcalde oficialista se eche al bolsillo una resolución
imperativa de la Contraloría, sin dejar que las instituciones funcionen? El dictamen de Contraloría ha sido dictado en estricto derecho. Lo demás
son simples pretextos, excusas dilatorias e ilegalidades. Y si el alcalde no se
ajusta al derecho, ¿qué le exigiremos a sus funcionarios o a los vecinos en
general? Las acciones ante la Corte, que alude su "defensa", fueron presentadas después
que lo hiciéramos en Contraloría, organismo este último al que entregamos los dos
fallos anteriores del año 2007: el de la Corte, que decidió esperar por una lenta
resolución del TER, y el de este último tribunal, que finalmente se declaró
incompetente por las mismas razones de autonomía por las cuales el alcalde no debe
intervenir. La Contraloría tenía la obligación de pronunciarse, ya que no tenía por qué
saber que después volveríamos a recurrir a la Corte, en uso de nuestros justos
derechos. Los dirigentes vecinales sólo esperamos que quede claro que el alcalde
"se la juega" por eludir la Ley y por intervenir ilícitamente al interior de las
organizaciones sociales. Entonces, es obvio concluir que una vez más nuestro alcalde en Hualpén,
"se la juega" para evitar cumplir con la Ley y con sus obligaciones de autoridad
en beneficio de todos los pobladores habitantes de esta comuna, y no en resguardo
de un dirigente que ha sido cuestionado al interior de una organización absoluta y
soberanamente autónoma. Por lo tanto, es falso que los recursos ante la Corte se
refieran a si fue legal o no la censura a un dirigente, como lo afirma, ya que
ambos sólo se refieren al obstinado incumplimiento de la ley, que le ordena
certificar una decisión autónoma de la junta de vecinos. Por otra oparte, hay que recordar que mientras nos acusaba de "dictadores"
porque habríamos "derrocado" a un presidente de la junta de vecinos que fue
censurado por una asamblea extraordinaria conforme a la ley, él avalaba también
mediante la censura, el descabezamiento de todo el directorio de la Asociación de
Funcionarios de la Municipalidad de Hualpén, organización gremial que recién ha
entrado en un proceso electoral del que no todos confían (no hablan en voz alta
porque temen perder sus puestos). Hoy, queda al descubierto que la única razón por la que el alcalde no reconoce
el cambio de presidente, es porque el dirigente César Andrades, quien quesó a la
cabeza de la organización tras ejercer como su vicepresidente, va como candidato a
concejal por la Alianza, cosa que no nos importa, porque como el mismo alcalde
dice, hay que trabajar unidos, "sin mirarnos el color político unos a otros", por
el bien superior de la comunidad. La pertinacia del alcalde no alcanza a sernos comprensible. Menos aún, cuando
uno escucha sus discursos en los que siempre habla de "unidad", "trabajo
conjunto", "nobleza, generosidad y grandeza"... ¿Por qué insiste en apartarse de la Ley el alcalde de Hualpén, aun a costa de
mantener marginados de participar por ya casi un año a todo un sector habitacional
de la comuna? Conocidos son ya por buena parte de la población, numerosos otros recursos por
actos contrarios a la legalidad, como los empresndidos por un profesor con motivo
de un llamado a concurso; el de cerca de 50 funcionarios de la salud, por
rebajarles arbitrariamente sus rermuneraciones; el reclamo interpuesto por el caso
de los funcionarios municipales ante la Inspección del Trabajo, que terminó en una
declaración de "práctica antisindical" por parte del alcalde, que debía llegar a
conocimiento de la Contraloría; los reiterados reclamos del Colegio de Profesores,
y en fin, entre otras acciones, los recursos interpuestos por nuestra propia junta
de vecinos. Recién hace unos días, el alcalde dio su cuenta pública en un gran centro de
eventos, la que quedó marcada por la manifestación de un vecino que se atrevió a
mostrar su disgusto a viva voz. Y entre las pifias de unos y aplausos de otros de
los asistentes, el vecino fue sacado por los guardaespaldas, por su valentía,
mientras el alcalde las emprtendía verbalmente contra un concejal.
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