Ley de Juntas de Vecinos Necesita Reformar Vacíos y Omisiones

El desorden e irregularidades detectados en numerosas juntas de vecinos y organizaciones comunitarias a lo largo de todo el país, y apenas percibidos, o soslayados intencionalmente por las autoridades, plantea con el carácter de urgente la necesidad de cambiar la actual ley existente, o bien introducirle las modificaciones y normas que sean pertinentes para solucionar sus vacíos y omisiones.
Hasta el momento, son pocos los dirigentes sociales que han tratado –con casi nulo resultado- de poner el tema sobre la mesa, con la esperanza de hallar la necesaria atención de los parlamentarios en ejercicio, así como de los candidatos que aspiran a integrar el Poder Legislativo.
Los mismos dirigentes que han expresado si inquietud, temen abiertamente que la falta de interés se deba a que con la actual ley, hay menos control, y es más fácil “manejar” a las organizaciones sociales: juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, uniones comunales, y miles de comités con personería jurídica armados todos con el pretexto de beneficiarse de los proyectos con financiamiento fiscal, pero ocultando la verdad sobre su manipulación con intereses políticos u otras formas de aprovechamiento.
Todo lo anterior, porque en realidad la situación de las organizaciones sociales ha caído en un círculo vicioso: el desorden y las irregularidades han ocasionado el desinterés o alejamiento de las bases poblacionales, mientras que esta falta de interés permite a dirigentes inescrupulosos y autoridades sacar el máximo de provecho de las organizaciones “víctimas”.
A modo de ejemplo, la ley 19.418 declara expresamente la cesación en sus cargos de los dirigentes, al cumplir éstos el plazo para el cual fueron elegidos (Art. 24 letra a): Pero por un lado, la ley no dispone de sanción alguna ni de los medios para hacer efectiva la norma, mientras que por otra parte, hay autoridades que hacen la “vista gorda” cuando esta situación conviene a sus intereses. En muchos de estos casos, dirigentes así cesados por la Ley, continúan solicitando y percibiendo recursos fiscales amparados por el descontrol de las mismas autoridades encargadas de llevar los registros de todas las organizaciones sociales en cada jurisdicción comunal del país.
Otro tanto ocurre con la censura dispuesta en el mismo Art. 24, letra d), cuyos vacíos e incongruencias hacen extraordinariamente difícil su aplicación. Tanto, que es frecuente que las partes en conflicto deban llegar a Tribunales. ¿No debería haber normas claras que regulen los conflictos en las organizaciones sociales que no disponen de recursos para enfrentar largas acciones judiciales?
En todo caso, la Ley no sólo deja al descubierto materias internas de las propias organizaciones sociales, sino que además, no dispone de normas que obligue y sancione la falta de cumplimiento a sus disposiciones por parte de las municipalidades, encargadas a lo menos de llevar los registros públicos actualizados, como lo dispone su Art. 6º . Por otra parte, es necesario prevenir que tampoco está regulada la inconveniencia de contratar a dirigentes sociales en ejercicio, por parte de la municipalidad de la misma comuna a que pertenece su organización, anulando así su independencia.
En resumen, un estudio acabado de la Ley, revela numerosos otros vacíos y omisiones, como los señalados, que deben corregirse mediante el reemplazo de este importante cuerpo legal, o con las modificaciones necesarias, a fin de que las organizaciones sociales puedan ser realmente el espacio de participación ciudadana, que es la base de toda real democracia.

Los parlamentarios que el país necesita

Cuando de campañas se trata, cada candidato se esfuerza por captar la mayor cantidad de votos para resultar electo, pero no siempre se esmera por presentar un proyecto de trabajo para el eventual ejercicio de su cargo.
Es el caso de la presente campaña parlamentaria, ya iniciada antes de tiempo, prácticamente no hay contenidos que puedan traducirse en materias de ley, considerando que la tarea propia de los parlamentarios, es justamente legislar. Pero no sólo se trata de legislar sobre proyectos que "otros" presenten, porque la gracia es también tener y presentar proyectos propios, y no sólo proyectos que beneficien a pequeños sectores de la población, sino proyectos que además, tengan importancia y envergadura nacional.
Hay candidatos que ignoran las sugerencias que se les hace, porque generalmente piensan que se trata de intereses ajenos a los suyos, es decir, que no tienen nada que ver con "cómo hacer más votos". Pero también hay candidatos que ignoran las sugerencias que reciben por simple flojera, para no pensar si tal sugerencia valdrá o no la pena.
Respecto del distrito 43, Hualpén-Talcahano, ni siquiera ha sido fácil hablar con todos los candidatos, porque algunos exigen sumisión previa.
Los parlamentarios que el país necesita, son pues, gente dispuesta. Parlamentarios que estén dispuestos a escuchar, a pensar, y a digerir previamente las sugerencias que se les hace antes que decir que "no vale la pena preocuparse de eso, por lo menos ahora..."
Los parlamentarios que el país necesita, son aquellos que de verdad quieran servir a la gente, a toda la gente, independiente de para quién fue su voto. Que quieran legislar en bien de su región o distrito, y del país; que quieran legislar por erradicar las desigualdades y las discriminaciones partidistas, por constituir estas prácticas gérmenes de la corrupción.
El país necesita parlamentarios que, por ejemplo, quieran legislar para modificar la actual Ley sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, plagada de vacíos e incongruencias que los más vivos aprovechan en desmedro de los intereses de la población.
Los futuros parlamentarios deben saber y entender que leyes como éstas tienen en crisis a una enorme cantidad de organizaciones sociales a lo largo de todo el país, las que si no son utilizadas por mezquinos intereses partidistas o por autoridades locales con ansias de perpetuarse en el poder, son simplemente ignoradas, como ocurre aquí, en Hualpén.