Alcalde de Hualpén no quiere a la prensa

Al recién reelecto alcalde de Hualpén parece obsesionarle la idea de ir contra la ley. Ahora, y por razones que no se entienden, las emprendió contra el periódico “El Mirador”, para impedir su circulación, impedir que busque noticias y que las publique. He aquí algunas de las acciones que ejerce desde su alto cargo: primero, hace que su departamento de comunicaciones deje de enviar a “El Mirador” las informaciones o invitaciones que corresponden al quehacer municipal, pese a tener varios profesionales para ello; luego, permite que arbitrariamente se impida labor al editor del periódico, en un acto a los profesores, desde donde se le “desalojó” con más de una amenaza, y con la intervención del Jefe de Seguridad Ciudadana, como amedrentamiento; después, prohíbe tomar fotografías en las sesiones del Concejo Municipal, que son tan públicas como las del Congreso Nacional, donde nadie se opone al uso de las cámaras fotográficas, ni se restringe los derechos a la Prensa, y ahora, niega una entrevista a “El Mirador”, la que se le ha solicitado verbalmente, y con la formalidad de de dos escritos, para dar a conocer las nuevas ideas que tenga luego de resultar reelecto con una tan alta mayoría que ni él mismo se la esperaba.
«¿Qué pretende esconder el Alcalde de Hualpén? ¿Por qué le teme al periódico “El Mirador”, que desde su nacimiento en Internet ha estado al servicio del progreso y desarrollo de esta comuna…?»
Porque en la penúltima sesión del Concejo de la comuna, el miércoles 12, cuando aún estaban todos los concejales y algunos asistentes presentes, el Editor se acercó a reiterarle la petición de entrevista. Su respuesta textual fue ésta: “¿cómo te voy a dar una entrevista a tí, después que me sacaste ‘la cresta’ en la campaña?”.
Hay que notar, no obstante, que en sus discursos el Alcalde Rivera siempre hace alusión a la democracia, la transversalidad, y al trabajo con todos, sin discriminaciones odiosas.

Sectarismo y Dictadura

Todo el mundo, político y no político, se enorgullece o se jacta de vivir en un país y en una sociedad democrática, en la que se da por sentado el respeto a los derechos de las personas y la participación libre y soberana de ellas en la elección de sus autoridades y en la toma de numerosas e importantes decisiones.
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?