lunes, 7 de marzo de 2011

Uso y Abuso de las Instituciones Públicas

Ya es hora que los parlamentarios que honestamente ejercen su labor, busquen legislar para evitar el uso y abuso indiscriminado de las instituciones existentes en el país, de modo que no ocurra lo que con el senador Alejandro Navarro, que en vez de legislar, fiscaliza para llenar de recursos de protección a las cortes, y a la contraloría con peticiones administrativas, mientras por otro lado propone o apoya interpelaciones y acusaciones constitucionales, aunque sean inconduscentes. Y ello, causando grave perjuicio por los recursos fiscales que se distraen, y por la saturación que muchas veces causa desatender a ciudadanos que realmente necesitan de atención. Lo anterior, porque el ejercicio del Poder Legislativo debiera usarse por sus poseedores, preferentemente para legislar.
Y es que por estos días pareciera que todos queremos ser fiscalizadores: los diputados, por derecho propio; los senadores, que se han visto como activistas encabezando marchas políticas bajo el disfraz de la reconstrucción; ahora los consejeros regionales, que surgen como un nuevo poder del estado, y en fin, los ciudadanos, que son fiscalizadores por naturaleza, pero sin el poder de aquellos.
Pero falta orden, porque generalmente la fiscalización, genuina o no, termina en una suerte de acusaciones que al no estar sustentada por pruebas concretas, llegan a los tribunales, a la contraloría, o al parlamento, en forma de denuncias o recursos de protección; peticiones administrativas de investigación; interpelación o acusaciones constitucionales. Todo a gusto del grupo político o del personero que la lleva adelante. No siempre para obtener resultados, pero sí para estar presente en los medios.