viernes, 20 de junio de 2008

Contundente Fallo Por Ilegalidad de la Municipalidad de Hualpén en Contra de Junta de Vecinos 44-C

En contundente fallo, la Corte de Apelaciones de Concepción ordena a la Municipalidad de Hualpén a registrar y certificar el cambio de presidente de la Junta de Vecinos 44-C “José Miguel Carrera”, que la entidad edilicia se había negado a cumplir desde la destitución por censura, del ex presidente Héctor Delgado Soto, ocurrida en julio de 2007.

El fallo del Tribunal de Alzada penquista sentencia en el Recurso de Protección deducido en contra del municipio y de su alcalde, Marcelo Rivera, que “debe considerarse válida la nueva directiva de la junta de vecinos 44-c, encabezada por su presidente César Andrades, y consecuencialmente la municipalidad recurrida debe proceder al registro de esta directiva… … y a otorgar el certificado referido en el artículo 6 inciso 2 de la Ley 19.418”.

DECLARADA LA ILEGALIDAD.-
Refiriéndose al fondo del problema, por la no certificación requerida, y que dio origen al Recurso hecho por los vecinos, la Corte acoge en todas sus partes los planteamientos de los recurrentes, al expresar que “la negativa del ente municipal constituye una ilegalidad y un desacato al artículo 6 de la Ley 19.418 precitado, perjudicando o limitando el derecho de asociación que corresponde a los actores conforme al artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política de la República”.

EL DICTAMEN DE CONTRALORÍA.-
La resolución judicial, de fecha 3 de junio en curso, ratifica además el pronunciamiento emitido por la Contraloría Regional del Biobío fecha 15 de abril, “tenido a la vista, y en el que, analizando el mismo problema de este recurso de protección, llega a similar conclusión”.
Cabe recordar que la defensa municipal rechazó el dictamen por cuestiones de forma, no obstante que las bases jurídicas del mismo, así como los hechos, están a la vista, y no cambiarán. El municipio sostiene que Contraloría no debió emitir un pronunciamiento sobre materias que se hallaban pendientes de resolución en los Tribunales, refiriéndose los dos recursos presentados ante la Corte: el de Protección recientemente fallado, y el de Ilegalidad, que se hallaría en su fase final.
En su análisis jurídico, la Contraloría Regional sienta importantes precedentes sobre la inviolabilidad a la autonomía de las juntas de vecinos y demás organizaciones sociales, que es lo que los recurrentes sostuvieron desde un principio, frente a la arbitrariedad sostenida por la Municipalidad de Hualpén y su alcalde, Marcelo Rivera.