Urge Modificar Ley de Juntas de Vecinos

La necesidad de lograr una pronta y profunda modificación a la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Sociales, así como a otras normas relacionadas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, LOM, quedó nuevamente de manifiesto frente al insólito resultado de la reciente elección en una de las juntas de vecinos más controvertidas de la comuna de Hualpén, Octava Región, en la que resultó con la más alta mayoría -y por tanto electa como presidenta- una influyente funcionaria a honorarios de la Dirección de Organizaciones Comunitarias, DIDECO, de la municipalidad respectiva.
La Junta de Vecinos 44-C "Jose Miguel Carrera", fue abandonada por la Municipalidad de Hualpén, y "declarada muerta", según las palabras de la directora de DIDECO, Julieta de la Fuente, durante los últimos cuatro años, mientras sus presidentes fueron vecinos que no pertenecían a las filas partidistas del alcalde, Marcelo Rivera. Éste, en su momento, invitó a vecinos y dirigentes a inscribirse como militantes de su partido, el PPD, cuando se postulaba al cargo de presidente regional de ese conglomerado, advirtiendo que las puertas del municipio estarían cerradas para los que entonces no se "subían al carro".
Utilizando las advertencias y el amedrentamiento, el municipio, a través de su DIDECO, logró alejar de su organización vecinal a dirigentes y pobladores, aislando a su presidente y sin ejecutar obra de delanto alguna, en tanto que la casi totalidad de los beneficios sociales llegaban a la población y organizaciones, sólo a través de los municipios, en particular cuando sus alcaldes eran concertacionistas.
Al enfrentarse la última elección vecinal, en este escenario, DIDECO logró inscribir a un centenar de nuevos socios en la junta de vecinos 44-C, asegurando el triunfo de Marión Jegó, funcionaria municipal a honorarios, y vecina inactiva durante muchos años, sin que hubiera pagado sus cuotas sociales durante todo el período de inactividad, logrando así recuperar políticamente para el PPD una nueva organización vecinal que se suma a numerosas otras, que son controladas por Rivera, quien ha mantenido además como funcionarios municipales en diversa condición a varios de los dirigentes de organizaciones sociales y a otros tantos familiares de aquellos.
Las modificaciones a la ley, han sido planteadas en diferentes instancias a parlamentarios y autoridades de diversos sectores, sin que hasta la fecha se haya mostrado interés alguno por acoger las iniciativas, por desconocimiento y falta de preocupación frente a la crisis que viven las organizaciones sociales a través de todo el país, ya que miles de ellas funcionan en forma irregular, con dirigente ilegítimos y bajo la presión polìtica que ejercen sobre ellas numersos alcaldes, com o ocurre en Hualpén.