Organizaciones Sociales en Crisis

Las Organizaciones Sociales en nuestro país están en crisis.
Numerosos son los ejemplos que nos dejaron los escándalos en Chiledeportes, al utilizar como destinatarios de dineros fiscales a organizaciones sociales de fachada, o simplemente inexistentes por mal constituidas. Otros ejemplos pueden hallarse en la utilización de organizaciones sociales como receptoras de platas fiscales para fines cuya inversión la autoridad no verifica en terreno, permitiendo que los objetivos reales sean burlados, como es el caso de algunos recursos del Fondo Social Presidente de la República.
En este último caso, el Fondo entrega sus recursos a través de determinadas oficinas
parlamentarias, cuyos operadores son los encargados se tramitar la aprobación de proyectos
en favor de dirigentes inescrupulosos, enquistados en organizaciones sociales cuyas bases
han sido debilitadas al extremo de impedir el normal funcionamiento de sus organismos de
control, para no dejar al descubierto el destino último y real de los dineros, rendidos
incluso ante la Contraloría, con facturas de proveedores también inescrupulosos, que no
reflejan la realidad de la inversión realizada.
Y todo este andamiaje se repite entre organizaciones sociales de todos los tamaños y
de toda naturaleza, que por el sólo hecho de tener una personería jurídica, reciben recursos
fiscales, incluso con intervención directa de municipalidades, además de la de
parlamentarios, de modo que los dineros puedan convertirse finalmente en votos, o vayan a
parar impunemente al bolsillo de funcionarios...
Esto ocurre en parte debido a los vacíos legales que no establecen sanciones de peso frente al incumplimiento evidente y flagrante de normas que el legislador puso justamente para evitar abusos y el "apernamiento" por parte de dirigentes inescrupulosos, que se fortalecen además gracias a la desidia a veces calculada de las autoridades municipales, administrativas y hasta judiciales que son las encargadas de regular el funcionamiento de las organizaciones sociales.
Algunos de estos vacíos están en la propia Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias: Por una parte, la Ley no sanciona el incumplimiento de la disposición expresa contenida en la letra a) del Art. 24º de ese cuerpo legal, que ordena la cesación del cargo al dirigente que ha cumplido el período para el cual fue elegido.
El propio Tribunal Electoral de la Octava Región, dictó recientemente su fallo rechazando la reclamación presentada en contra de dirigentes que, ejerciendo ilegalmente tras ser cesado por la Ley, se postularon como candidatos y resultaron elegidos --uno como titular y dos como suplentes--, apropiándose de, y manipulando los registros de socios, en una comunidad atomizada, disgregada, tras diez años de... ¿dictadura?
Por otra parte, las autoridades municipales, amparadas en la opinión de "expertos", se permiten en ocasiones desconocer gravemente las disposiciones estatutarias que tienen por objeto complementar a la Ley en todo lo que ésta no diga. Y pese a su legalidad, tras ser aprobados por la propia municipalidad, se oponen, por ejemplo, a que un presidente de junta de vecinos pueda ser temporalmente "sancionado" por sus malas prácticas o conducta gravemente reñida con las disposiciones legales o de los estatutos; se oponen también al ejercicio legítimo de un vicepresidente, restándole validez al articulado de esta verdadera ley interna que dice --como en todos los estatutos tipos de todas las organizaciones--, que es atribución del vicepresidente "en caso de ausencia o imposibilidad del presidente, subrogarle en el cargo, con las mismas atribuciones y obligaciones de éste".
Ese planteamiento negativo, además de ser una aberración jurídica, atenta contra la verdadera filosofía de la "autonomía", cuando las organizaciones quieren y se rebelan para "limpiarse" por
dentro.
A todo esto se suma el secretismo o resguardo de altos funcionarios que tienen a su
cargo, por ejemplo, el control sobre los fondos fiscales presidente de la república, los que
se niegan a entregar información que permita verificar en terreno la ejecución o inversión
de los dineros recibidos. ¿Es que temen que se descubran nuevos escándalos?
Por último, y aparentemente para no hacerse problemas, la autoridad muchas veces estimula o permite la proliferación de organizaciones con personería jurídica, desatendiendo las normas regulatorias, como es el caso de las uniones comunales, para cuya existencia deben contar con organizaciones bases --como las juntas de vecinos--, que hayan previamente acordado su incorporación a ellas en asamblea extraodinaria de socios, conforme a disposición expresa de la Ley. Una organización mal constituida, también es terreno fértil para la corrupción.
Todo parece estar coordinado para impedir la transparencia; para seguir disfrutando de los abusos que permite el caos; para presionar o perseguir a quienes se atreven a dar voces de alerta, negándoles su legítima participación ciudadana, o la sana ayuda que requieren y que se deriva de ella, a veces, hasta con amenazas y amedrentamiento.
Es necesario que los legisladores honestos se unan ya, sin distingo de tiendas o tendencias, para preocuparse de estas organizaciones que lejos, son el mejor fundamento de la verdadera democracia.