INMINENTE ACUSACIÓN POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES EN SU GESTIÓN ENFRENTA ALCALDESA DE HUALPÉN

* Concejales Torres, Ramírez y Ulloa recurrieron ayer a Contraloría A consecuencia de lo que ha sido calificado como "porfiado incumplimiento a disposiciones relacionadas con la participación de las organizaciones sociales territoriales y funcionales, gremiales y sindicales" por parte de la gestión municipal de la alcaldesa Fabiola Lagos en Hualpén, la autoridad comunal y algunos de sus concejales enfrentan una inminente acusación por "notable abandono de deberes". Esto, tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que en su dictamen número 68650 ordena al municipio cumplir con la creación del "Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil". El dictamen de Contraloría fue emitido a requerimiento del diputado Cristian Campos, quien acusó el incumplimiento a lo dispuesto en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuerpo legal que en su artículo 94 dispone la creación del nuevo organismo colegiado, que remplaza al antiguo Consejo Económico y Social. Al ser requerido, el municipio informó a Contraloría que el reglamento respectivo dispuesto en el inciso quinto del mismo artículo 94 habría sido aprobado y dictado por decreto alcaldicio número 2.924 del año 2011, otorgándose sesenta días para la creación del Consejo, pero que no habría (dirigentes) interesados para integrarlo. Pese al dictamen de Contraloría, del 5 de septiembre de este año 2014, hasta la fecha no ha sido creado este organismo cuyo objetivo es asegurar la verdadera participación de la sociedad civil en la gestión comunal. NUEVO REQUERIMIENTO.- La porfiada posición de la autoridad comunal de Hualpén, hizo que esta vez fueran tres los concejales que acompañados de dirigentes sociales llegaran ayer hasta la Contraloría Regional del Biobío, para pedir una investigación e informe sobre el actuar de la alcaldesa Fabiola Lagos y sus asesores al no haber constituido el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Solicitan al efecto que si se determina ilegalidad por parte de la autoridad y/o funcionarios, se inicien los sumarios correspondientes. Sobre el particular, cabe destacar que la acción fiscalizadora en esta ocasión la cumplieron la concejala Katherine Torres, junto a los concejales Rubén Ulloa y Raúl Ramírez, quienes estuvieron acompañados además por dirigentes sociales y vecinales que también respaldaron su actuar. Otra de las normas cuya aplicación también será analizada, es la creación y funcionamiento de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS, que debe estar activa en todos los municipios del país, como lo está desde hace algún tiempo en la mayoría de las reparticiones públicas.