VICEPRESIDENTE DISTRITAL RENUNCIA A MILITANCIA RN

Acusa graves irregularidades: Como un rechazo a las prácticas antidemocráticas, ilegalidades manifiestas, discriminación y arbitrariedades, entre otras causales, renunció ayer al partido Renovación Nacional el vicepresidente del distrito 43 Talcahuano-Hualpén de la colectividad, Luis Tapia González. El dirigente aseguró que continuará como ciudadano independiente luchando por mejorar las condiciones de vida de su barrio, su ciudad y su país. La renuncia que se suma a una serie de otras dimisiones de la colectividad registradas en los últimos meses, fue anunciada en el Ampliado distrital realizado este miércoles (31) en Talcahuano, cuando se conoció la decisión inconsulta del Vicepresidente Nacional y presidente de la comisión electoral nacional del partido, Claudio Eguiluz, de marginar de la carrera parlamentaria al militante Claudio Etchevers Flores, quien había sido ratificado previamente como candidato por la directiva regional de la colectividad, que preside en forma interina el diputado Frank Sauerbaum. Las reacciones contrarias a la decisión de última hora coincidieron en calificarla como "revanchismo" por parte de Eguiluz en contra de Etchevers, ya que en su remplazo se postularía a Jorge Madariaga, un no militante y sin trayectoria política, a quien Contraloría habría conminado a renunciar al Servicio de Salud, y quien finalmente pasó por sobre las instancias locales y distritales para hacerse nominar por la comisión electoral que encabeza el mismo Eguiluz. CAUSALES.- Los fundamentos de la decisión del hasta ahora vicepresidente distrital de RN, encara con fuerza las causales que en general motivaron su renuncia al partido de la estrella, en el siguiente texto de su intervención: "Amigos Correligionarios: Con mucha pena y humildad, debo confesar que he decidido renunciar a mi calidad de militante del partido Renovación Nacional, simplemente, porque no puedo permanecer en una institución que actúa impunemente en la ilegalidad; que no respeta sus propios estatutos ni a las bases partidarias; que desconoce las elecciones internas democráticamente realizadas; manipula a la justicia a través de sus tribunales --causa que duerme en la Corte Suprema--; amenaza, discrimina y traiciona a militantes del partido en favor de personas ajenas a él por capricho y revanchismo... no puedo continuar en una colectividad en la que hay en fin, tanta corrupción de la democracia... que desprestigia a la persona. Amigos: El detalle de cada una de estas afirmaciones las pondré a disposición de la directiva distrital D43 Talcahuano-Hualpén --y a quien lo desee-- en cuanto haga efectiva esta renuncia ante el Servicio Electoral, a la mayor brevedad. Termino agradeciendo el apoyo y la amistad de muchos de los presentes, sin nombrar a nadie con el fin de no perjudicarles con mis palabras. Gracias. Talcahuano, 31 de julio de 2013". La Directiva del Distrito que encabeza su presidente José Luis Gallego, por su parte, anunció que continuará su apoyo irrestricto a Etchevers, en busca de una rectificación por parte de la

directiva central del partido.

APELACIÓN DEBE RECTIFICAR DECISIÓN DEL TER BIOBÍO EN ELECCION DE HUALPÉN

Parece increíble que irregularidades que constituyen verdaderos actos delictuales no hayan sido consideradas por el Tribunal Electoral Regional TER, respecto de la elección municipal en Hualpén. Las razones que el TER pudo tener para "dejar pasar" los fundamentos de los reclamos planteados, son difíciles de dimensionar. Porque la cuestión del "tiempo" no justifica dejar de hacer justicia; decir que los argumentos no son suficientemente sólidos, es una afirmación subjetiva que no parece ser adoptada verdaderamente "en conciencia", porque ambas razones, a la larga sólo permiten que la corrupción y la delincuencia continúen, y queden impune. En Hualpén hay mucha gente que viven en temor, lo que también hace que las irregularidades detectadas no sean denunciadas, por lo menos oportunamente. En la mayoría de los locales de votación el cargo de delegado(a) recayó en los respectivos directores del establecimiento, quienes a su vez son "empleados municipales"; numerosos cargos de vocales fueron ocupados también por funcionarios municipales que llegaron antes de la hora de constitución de las mesas, y cuando llegaron los titulares, éstos fueron de algún modo conminados a irse para la casa. Y para ocultar estos hechos, una de las medidas adoptadas fue impedir el libre acceso por las salas de votación, so sólo a candidatos y sus acompañantes, sino que también a los medios de prensa, como ocurrió en el Liceo A-87 por orden de la delegada, quien dijo llamarse Silvia Muñoz. En este lugar "El Mirador" pidió dejar constancia de los hechos, acción que la delegada dejó en manos de una niña, la que apenas atinó a escribir una nota en un papel cualquiera --no un acta formal--, después que el oficial de la Armada a cargo explicara que era sólo la delegada quien daba las órdenes allí. En el mismo lugar hubo llamados "a viva voz" a votar por un candidato a concejal que también resultó electo, y llegaron electores con un carné con propaganda de la alcaldesa electa en cuyo reverso se consignaba el lugar y mesa de votación del portador. Casos como éstos no fueron considerados ni atendidos po el TER, ¿por qué? Es aventurado plantear que los jueces no quisieron involucrarse contra un partido político que aparecería como responsable de los hechos denunciados, aunque al final, son los partidos en el Parlamento los que deciden los eventuales ascensos a los que tienen derecho y aspiran los magistrados. Porque no cabe en un sano juicio el que se permita que sea tan fácil así forzar el resultado de una elección, y bien lo sabe uno de los denunciantes y postulante a la alcaldía de Hualpén. Ahora, vecinos de Hualpén, en gran número, sólo esperan que los recurrentes a la primera instancia apelen dentro del plazo ante el TRICEL, sin dejar de apuntar de nuevo y claramente los hechos denunciados en el escrito correspondiente, haciendo notar el grave daño que ocasiona a la población el ser burlada en su decisión democrática, tergiversada en las urnas.

CRISIS PARLAMENTARIA EN CHILE

El Parlamento chileno ha dejado de ser representativo y pierde la esencia de su institucionalidad al alejarse de las bases electoras del país --los ciudadanos-- y desconocer o no considerar sus necesidades, posturas e inquietudes al legislar. Así se desprende de múltiples hechos y situaciones que se discuten en el Congreso sólo desde el punto de vista de los intereses político-partidistas de los parlamentarios, de espaldas a la ciudadanía, como ocurrió cuando debieron decidir acerca del necesario reajuste salarial o Ingreso Mínimo de los trabajadores. Los enormes recursos fiscales que se gastan solamente en las dietas parlamentarias, no se justifican cuando se aprueban leyes plagadas de vacíos e insuficiencia, sin considerar los costos de mantenimiento de toda la infraestructura física y humana del Congreso en Valparaíso y Santiago. Situaciones Inconcebibles.- Son tantas las situaciones de negligencia legislativa, que llenarían tomos en cualquier biblioteca. Aquí, sólo una muestra: A la celeridad con que se aprueban los reajustes e incrementos de las dietas parlamentarias, se contrapone la perversa dilación con que se tratan normas vitales para la gran mayoría de la población nacional, como es el sector laboral. Es igualmente perversa y vergonzosa la falta de determinación parlamentaria por la forma absurda además de injusta en que las grandes empresas eluden el pago racional de patentes municipales, con tan serio perjuicio para las comunas así burladas. Es inaceptable que mientras la ley prohibe que los alcaldes del país accedan al cargo si son consumidores de drogas o estupefacientes, no exista norma que obligue a que tales postulantes cumplan con exámenes adecuados que permitan el cumplimiento de la norma. No tiene asidero tampoco la arbitrariedad indiscrecional con que se permite que el Servicio de Impuestos Internos cambia las reglas del juego sin compensación alguna, cuando obliga a los contribuyentes a utilizar sus sistemas informáticos, además del personal especializado, sin preocuparse de los mayores costos por concepto de adquisición y mantención de equipo computacional, servicios de internet, papel y tinta a granel en que deben incurrir las empresas "micro" y "medianas". Porque por este medio el fisco ahorra importantes sumas en formularios de papel y en personal de digitación, mientras arguye que el contribuyente se beneficia al descontar de sus impuestos (apenas) el 20 por ciento del total de estos gastos. En fin, entre otras fallas que rayan en lo increíble: La recurrente falta de respuesta de gran parte de los parlamentarios a cartas y consultas de los ciudadanos; el escaso contacto con las bases poblacionales en sus territorios; el uso indebido y abuso de su autoridad; las presiones bajo amenazas como las denunciadas para obtener prebendas o favores; el uso irregular no poco frecuente de sus asignaciones con fines específicos, y el votar muchas veces por "órdenes de partido" o por "taimaduras" políticas, son también actitudes viciosas que culminan en el desprestigio de la política en general y de los servidores públicos electos en particular. A la luz de esta realidad, que se arrastra por años en el país, la ciudadanía espera que sea el propio Parlamento el que liderado por los presidentes de ambas cámaras inicien la búsqueda de medidas correctivas a la situación actual, porque de lo contrario será muy difícil controlar la fuerza que puede llegar a tener el creciente "asambleísmo popular" que termina en desmanes vandálicos y destrucción no sólo de bienes públicos y privados, sino del tejido mismo de la sociedad, como consecuencia del debilitamiento de la verdadera representación parlamentaria.

Uso y Abuso de las Instituciones Públicas

Ya es hora que los parlamentarios que honestamente ejercen su labor, busquen legislar para evitar el uso y abuso indiscriminado de las instituciones existentes en el país, de modo que no ocurra lo que con el senador Alejandro Navarro, que en vez de legislar, fiscaliza para llenar de recursos de protección a las cortes, y a la contraloría con peticiones administrativas, mientras por otro lado propone o apoya interpelaciones y acusaciones constitucionales, aunque sean inconduscentes. Y ello, causando grave perjuicio por los recursos fiscales que se distraen, y por la saturación que muchas veces causa desatender a ciudadanos que realmente necesitan de atención. Lo anterior, porque el ejercicio del Poder Legislativo debiera usarse por sus poseedores, preferentemente para legislar.
Y es que por estos días pareciera que todos queremos ser fiscalizadores: los diputados, por derecho propio; los senadores, que se han visto como activistas encabezando marchas políticas bajo el disfraz de la reconstrucción; ahora los consejeros regionales, que surgen como un nuevo poder del estado, y en fin, los ciudadanos, que son fiscalizadores por naturaleza, pero sin el poder de aquellos.
Pero falta orden, porque generalmente la fiscalización, genuina o no, termina en una suerte de acusaciones que al no estar sustentada por pruebas concretas, llegan a los tribunales, a la contraloría, o al parlamento, en forma de denuncias o recursos de protección; peticiones administrativas de investigación; interpelación o acusaciones constitucionales. Todo a gusto del grupo político o del personero que la lleva adelante. No siempre para obtener resultados, pero sí para estar presente en los medios.