TRICEL No aplicó norma que prohibe a funcionarios municipales ser delegados electorales

¿Un caso para el Tribunal Constitucional? Que el Tribunal Calificador de Elecciones de Santiago, TRICEL, así como el Tribunal Electoral Regional, TER no hayan puesto atención en la modificación del artículo 54 de la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, es un tema que dirigentes políticos y vecinales de Hualpén vienen analizando desde el fallo que rechazó los recursos que pretendían se repitiera la elección de alcalde en la comuna. "A esta altura no pretendemos revertir el fallo inapelable del TRICEL, que confirmó como alcaldesa a Fabiola Lagos Lizama, continuadora de la administración Rivera --dijeron--, pero estimamos necesario que la opinión pública conozca las debilidades del sistema judicial en materias electorales" Aun cuando en el TER Biobío habría trascendido que además de la falta de tiempo fueron los escritos presentados los que adolecieron de requisitos, peticiones de fondo y elementos de prueba, además de la falta de tiempo, se estima que los tribunales debieron fijar su atención en la "modificación de la ley de elecciones que prohibe expresamente que funcionarios o empleados municipales se desempeñen en cargos como el de delgado de los recintos de votación". En efecto, el inciso primero del nuevo artículo 54 de la ley de elecciones dispone a la letra que el cargo de delegado de los locales de votación "deberá recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras o Secretario Abogado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la Administración de Justicia u otro ministro de fe". Y a reglón seguido agrega textualmente: "En ningún caso podrá recaer en funcionarios municipales o dependientes directa o indirectamente de Corporaciones Municipales". A mi juicio, un caso para el Tribunal Constitucional

APELACIÓN DEBE RECTIFICAR DECISIÓN DEL TER BIOBÍO EN ELECCION DE HUALPÉN

Parece increíble que irregularidades que constituyen verdaderos actos delictuales no hayan sido consideradas por el Tribunal Electoral Regional TER, respecto de la elección municipal en Hualpén. Las razones que el TER pudo tener para "dejar pasar" los fundamentos de los reclamos planteados, son difíciles de dimensionar. Porque la cuestión del "tiempo" no justifica dejar de hacer justicia; decir que los argumentos no son suficientemente sólidos, es una afirmación subjetiva que no parece ser adoptada verdaderamente "en conciencia", porque ambas razones, a la larga sólo permiten que la corrupción y la delincuencia continúen, y queden impune. En Hualpén hay mucha gente que viven en temor, lo que también hace que las irregularidades detectadas no sean denunciadas, por lo menos oportunamente. En la mayoría de los locales de votación el cargo de delegado(a) recayó en los respectivos directores del establecimiento, quienes a su vez son "empleados municipales"; numerosos cargos de vocales fueron ocupados también por funcionarios municipales que llegaron antes de la hora de constitución de las mesas, y cuando llegaron los titulares, éstos fueron de algún modo conminados a irse para la casa. Y para ocultar estos hechos, una de las medidas adoptadas fue impedir el libre acceso por las salas de votación, so sólo a candidatos y sus acompañantes, sino que también a los medios de prensa, como ocurrió en el Liceo A-87 por orden de la delegada, quien dijo llamarse Silvia Muñoz. En este lugar "El Mirador" pidió dejar constancia de los hechos, acción que la delegada dejó en manos de una niña, la que apenas atinó a escribir una nota en un papel cualquiera --no un acta formal--, después que el oficial de la Armada a cargo explicara que era sólo la delegada quien daba las órdenes allí. En el mismo lugar hubo llamados "a viva voz" a votar por un candidato a concejal que también resultó electo, y llegaron electores con un carné con propaganda de la alcaldesa electa en cuyo reverso se consignaba el lugar y mesa de votación del portador. Casos como éstos no fueron considerados ni atendidos po el TER, ¿por qué? Es aventurado plantear que los jueces no quisieron involucrarse contra un partido político que aparecería como responsable de los hechos denunciados, aunque al final, son los partidos en el Parlamento los que deciden los eventuales ascensos a los que tienen derecho y aspiran los magistrados. Porque no cabe en un sano juicio el que se permita que sea tan fácil así forzar el resultado de una elección, y bien lo sabe uno de los denunciantes y postulante a la alcaldía de Hualpén. Ahora, vecinos de Hualpén, en gran número, sólo esperan que los recurrentes a la primera instancia apelen dentro del plazo ante el TRICEL, sin dejar de apuntar de nuevo y claramente los hechos denunciados en el escrito correspondiente, haciendo notar el grave daño que ocasiona a la población el ser burlada en su decisión democrática, tergiversada en las urnas.

CRISIS EN RENOVACIÓN NACIONAL

Miseria Humana: CRISIS REGIONAL RN.- Cuando se mira desde fuera los escándalos políticos de las diferentes colectividades, en todos los niveles del poder, es difícil llegar a comprender tanta miseria humana. Pero más difícil aún es pensar que en la propia tienda elegida como la mejor alternativa de participación y democracia pudiera llegar a pisotearse la dignidad de las bases cuando deciden un cambio en la dirección de alguno de los estamentos del Partido, ridiculizándolo de paso ante la opinión pública del país. Ocurre cuando un grupo de caudillos se enquista en el poder jurándose apoyos y lealtades recíprocas, sin importar la democracia, ni el decoro, la honestidad, ni las normativas estatutarias, ni las disposiciones legales, ni la dignidad de las personas… Porque es tradicional y de aceptación universal que en toda contienda electoral finalmente se respete el veredicto de la mayoría. Y como también es común –diferente a normal– que surjan irregularidades reales o inventadas, se cautela primero el respeto a los vencedores, y se asegura luego que los responsables sean debidamente castigados por sus faltas, y éstas subsanadas en tanto no alteren el resultado mayoritario de la elección. Y es lo que sucede hoy en Renovación Nacional, colectividad señera y punto de referencia para quienes necesitan mantenerse apartados de los extremos ideológicos del país, cuando el poder enquistado no ha trepidado en argucias para impedir la ratificación del triunfo de las bases que decidieron el cambio en la dirección regional del Biobío. Porque es el colmo, casi inverosímil, que las actas electorales no llegaran oportunamente al Tribunal Supremo, instancia que con estos documentos debía ratificar el resultado de la elección. Luego las actas aparecieron. Pero tardíamente. Estaban en algún lado ¿ocultas?. Pero no estuvieron a disposición cuando debían.. En tanto, el presidente regional vencido, al amparo del Jefe Nacional y su escolta, saltó por sobre la institucionalidad partidaria al llevar su reclamo nada menos que la Justicia Ordinaria para que conociera de una acusación de fraude electoral, desafiando la competencia jurisdiccional en la materia. La idea, interferir el proceso al interior del Partido, y justificar en parte la autoincautación de documentos. El Tribunal Supremo fue impedido así arteramente de emitir un pronunciamiento sobre la validez de la elección que en segunda vuelta decidió el cambio de rumbo en la dirección regional. Y fue ¿forzado? a entregar las directrices para que fuera la Directiva Nacional –misma que ampara al renuente perdedor– la que adoptara medidas para asegurar la “conducción regional” necesaria. Era obvio. La Directiva Nacional, a sabiendas que las actas ya estaban en poder del Tribunal Supremo, se adelantó en su jugada y nominó una “Directiva Regional” no transitoria, sino para todo el período 2012-2014. Así se dio el capítulo más excitante de esta serie novelesca. Un golpe de timón; un Golpe de Estado según muchos; un golpe a la unidad partidaria, y una amenaza de quiebre institucional. Todo ello, ¿por qué? Porque era necesario a intereses sectarios que decidieron perpetuar en el poder al ex presidente regional quien seguirá manejando los hilos de conducción partidaria a través de sus incondicionales, nominados como “Directiva Regional”