La necesidad real de mejorar la calidad de la educación en Chile, se diluye lamentablemente en discusiones que rayan en lo banal, dirigidas por "autotitulados expertos" que hablan como desde el Olimpo, distrayéndose en metáforas y dándose vueltas con la administración y el financiamiento en una verdadera entelequia que sirve sólo a la clase política que se encuentra al borde de sentirse desplazada.
Porque los verdaderos actores de la Educación en los ciclos Básico y Medio, conforman una sola trinidad indisoluble –o que por lo menos siempre debió serlo–:
Alumnos, Profesores, Apoderados. Y es esta tríade, bajo la protección del Estado, la que debió ser siempre escuchada, como fuente de conocimiento de la realidad educacional en esos dos niveles, ya que el universitario es cuestión aparte en todo sentido.
La situación actual de la calidad de la educación tiene su origen y parte en las aulas, en las escuelas y liceos; no en las comisiones de alto vuelo.
Está en la gran cantidad de profesores sin vocación, sin incentivo económico y sin interés; docentes que se niegan a la evaluación, control o calificación alguna, como ocurre con el líder gremial máximo del Magisterio, Jaime Gajardo.
Y quienes mejor conocen de esta realidad, son los padres y apoderados organizados en centros locales y agrupaciones comunales, que por décadas han venido trabajando con organismos internacionales especializados al interior de la UNICEF en busca de una solución al dilema calidad, pero sin encontrar eco o voluntad real en las autoridades itinerantes del Ministerio de Educación, en los últimos veinte años.
La Verdad.-
Por falta de apoyo y voluntad política, nadie se ha atrevido a descubrir la verdad al interior de las aulas en los establecimientos municipalizados, para concluir que el Magisterio debe tener un mejor trato social; debe alentársele a formar y mantener su vocación, y debe tener incentivo para interesarse en el cumplimiento eficaz de la noble tarea de enseñar, como formador de generaciones. Este debe ser el primer paso hacia el logro de una educación de excelencia, y de la formación óptima que permita al estudiante llegar y alcanzar el mejor desempeño en la Universidad.
Del mismo modo, por aparente pudor, nadie se ha atrevido a plantear que
la desmunicipalización de la educación es necesaria y urgente, ya, porque los municipios son entes de generación política, y los alcaldes-sostenedores son por lo general autoridades que utilizan gran parte de los recursos, no en la calidad docente, sino en distribuir cargos y sueldos en los departamentos de educación como pago a los apoyos políticos recibidos. Así, por ejemplo, el alcalde despide a un maestro con años de experiencia y sueldo alto, para contratar a dos o tres jóvenes profesores recién egresados, con menor desembolso, pero que militen en una tienda determinada, sin importar experiencia o calidad. Lo demás, son barnices superficiales, como los buses de paseo o las orquestas infantiles que surgen con gran faramalla, pero que terminan desapareciendo a poco andar.
Soluciones.-
La reciente “beca a la vocación” para las carreras de pedagogía, implementada por el actual Gobierno y acogida por la mayoría de las universidades, es un gran salto en la dirección acertada; una primera gran medida. Pero hay otras que deben ser puestas en práctica con sentido de urgencia, tales como, entre otras, las siguientes:
• La desmunicipalización, con control del Estado a través de una superintendencia;
• Evaluación docente efectiva, impidiendo que profesores paguen por sus tareas a verdaderas organizaciones que encontraron en ello un nicho productivo;
• Control cuidadoso de los gastos e inversiones de los aportes estatales percibidos;
• Control de las aptitudes profesionales y vocacionales de los nuevos contratados, de los docentes, directivos y administrativos;
• Control riguroso de los programas de cada nivel o curso, en contenido y cumplimiento;
• Fortalecimiento de la participación efectiva de padres y apoderados, en instancias como los “consejos escolares”, con facultades propositivas y consultivas, además de derecho a voto y a la información, y
• Fortalecimiento de los sistemas de control a la calidad, que se establecerá como un derecho constitucional, perfeccionando o remplazando a las pruebas SIMCE, para impedir, por ejemplo, que los alumnos de más bajo nivel o problemas de rendimiento sean excluidos de esos certámenes, en busca de una fraudulenta excelencia académica.
Educación Superior.-
Después del primer paso, que permitirá la llegada a la universidad a estudiantes en mejores condiciones, es necesario introducir drásticas reformas al actual sistema.
La educación universitaria no puede seguir siendo mercantilizada a costa de los recursos fiscales. Porque cada vez que el Estado ha incrementado sus aportes, las universidades se han ido distanciando de los costos reales, elevando indiscriminadamente sus aranceles y dejando aquéllos como mal llamado "arancel referencial", sobre el cual, para peor, se calculan innumerables beneficios que quedan así muy lejos de alcanzar la realidad ya exagerada.
Es claro que idealmente la educación universitaria debería ser gratuita. Pero esperemos que ello ocurra cuando Chile sea de verdad un país plenamente desarrollado.
Sin embargo, el Gobierno debe impedir que se siga burlando la ley, como ha ocurrido los últimos veinte años, en aquellas universidades que se han constituido como entidades "sin fines de lucro". Y de modificarse la norma para pemitir un sistema mixto, el
Estado no debe entregar recursos fiscales a las universidades que declaren perseguir legítima ganancia con la educación.
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