Una vez enterados que el Tribunal Electoral Regional, TER, había acogido a trámite la solicitud de destitución del alcalde Marcelo Rivera, representantes de organizaciones sociales señalaron a "Chile desde Hualpén" y "El Mirador", que "tanto los vecinos en general, como especialmente los dirigentes vecinales y de organizaciones comunitarias, deberían interesarse por conocer cuáles son realmente las irregularidades por la que dos concejales están solicitando la remoción del cargo del alcalde Marcelo Rivera. Se escuchan rumores --dijeron--, y nadie nos explica de verdad qué pasa, o de qué se tratan los hechos que se califican como notable abandono de deberes y falta de probidad administrativa. Nosotros, como dirigentes --agregaron--, necesitamos saber, para poder explicar a la gente que nos preguntan, y eso nos causa preocupación, y hasta temor", aseveraron.
PRESENTACIÓN.-
La presentación al TER la hicieron los concejales Gabriel Torres y Luis Isla, quienes "solicitan la remoción del Alcalde de la Municipalidad de Hualpén Marcelo Enrique Rivera Arancibia por contravención grave a las normas sobre probidad administrativa y notable abandono de deberes", según reza la notificación que, de conformidad con la ley, fue publicada el miércoles 1 de febrero en un medio de circulación regional. Luego de la notificación personal que debió cumplirse al interior de la Cárcel El Manzano, la defensa de Rivera tiene diez días para sus descargos, con lo cual el procedimiento continuará en forma similar a un juicio ordinario, hasta la sentencia definitiva.
LOS CARGOS.-
La larga lista de cargos constituyen hechos, acciones u omisiones por parte del Alcalde, algunas de las cuales son los siguientes:
No implementar el sistema de mejoramiento de la gestión municipal y el no pago de las correspondientes asignaciones a los funcionarios; celebrar conciliación judicial (avenimiento) sin previa aprobación del Concejo Municipal; aprobación ilegal del pago de la dieta mensual a los concejales; permitir y autorizar expresamente el funcionamiento de locales comerciales sin patente comercial y sus faltas de fiscalización; efectuar compras directas sin la correspondiente licitación; intervención electortal por parte de la sutoridad y funcionarios municipales en diversas elecciones; en la Dirección de Educación, contratación ilegal de personal y asignaciones impagas; ilegalidad desde enero de 2009 de un permiso por uso de
estacionamientos en Caleta Lenga; ilegalidad en extracción de áridos; mantención de áreas verdes y ornato en contravención a la normativa legal; ilegalidad en el pago de horas extraordinarias a algunos funcionarios; ilegalidad por no cumplir con el porcentaje de personal a contrata; pago
indebido de viáticos y gastos de traslado en cometidos de concejales y falta de reingreso de recursos de viáticos pagados en exceso, incumplimiento en la cobranza juidicial por derechos de propaganda y publicidad, y "ejecución de diversos actos ilegales y antirreglamentarios en el desarrollo adminiustrativo, financiero y de gestión de la Municipalidad de Hualpén en el período de julio de 2010 a julio de 2011.
Todas estas irregularidades están respaldadas ante el TER con pruebas documentales, que incluyen sendos informes de Contraloría Regional del Biobío, que responden a las presentaciones efectuadas ante ese organismo `por el concejal Gabriel Torres Hermosilla, en cumplimiento de la labor fiscalizadora a los actos del alcalde que encomienda la ley a todos los concejales del país.
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jueves, 2 de febrero de 2012
lunes, 11 de julio de 2011
Asombro, Temor y Esperanzas en Hualpén
En medio del caudal informativo acerca del caso “Marcelo Rivera”, hay un aspecto que a mi juicio no se ha mencionado en su debida dimensión, y que se relaciona con los sentimientos tan diversos de la comunidad hualpenina, que en general ha reaccionado con asombro y estupor frente a la llamada "Investigación Secreta" y a los allanamientos ordenados por la Fiscalía.
Se percibe aquí una mezcla de angustiosa compasión y alegría reprimidas por el temor frente a los repentinos y casi imprevistos acontecimientos, ya para nadie era desconocida la fuerza y energía del Alcalde, junto a su audacia y habilidad política como ha sido destacado en los medios.
Pero es necesario dejar de lado la hipocresía y el temor, para reconocer que ante lo ocurrido, también hay signos de esperanzas por parte de pobladores y dirigentes sociales que por años vienen sufriendo el verse rechazados y discriminados por no formar parte de las huestes partidistas o partidarias del Jefe Comunal.
La discriminación social es algo que –por lo complejo– no siempre es abordado por los medios, y es lo que ocurre en Hualpén, independiente de las razones para que los resultados electorales no se ajusten a esta realidad.
Porque hay barrios completamente abandonados, sin áreas verdes y que parecen potreros, por el sólo hecho de que sus dirigentes vecinales no están alineados políticamente con el Alcalde. Barrios a los que no se le entregaron juguetes para más de una navidad –castigando injustamente a decenas de niños– y que tampoco recibieron la misma ayuda que otros sectores cuando las necesidades eran iguales, con motivo del sismo del 27F.
Y es que su “meteórico ascenso político” lo ha hecho Rivera transitando por una calzada de doble vía, de modo que mientras ha tendido su mano a quienes le respaldan incondicionalmente, ha discriminado de manera increíble a quienes simplemente no son de su sector, o se han atrevido a criticarle, o más aún, han intentado combatir sus errores. Basta que una persona haya sido “marcada” por el Jefe, para que sus funcionarios municipales hagan lo propio.
Más allá de la cuestión financiera, como recursos no declarados o no invertidos, el trato y la discriminación social es una lacra que se espera comience a llegar a su fin.
Porque así como el Alcalde se jacta frecuentemente de haber luchado contra la “dictadura” militar, él mismo ha instaurado una forma “dictadura comunal” en Hualpén, como ha sido denunciado en más de una ocasión, pero casi en voz baja, tanto por pobladores como entre funcionarios municipales, profesores y trabajadores de la salud.
Todo Hualpén espera que lo ocurrido se aclare a la mayor brevedad, para seguir la vida cotidiana en tranquilidad y en procura siempre de una calidad de vida mejor.
Se percibe aquí una mezcla de angustiosa compasión y alegría reprimidas por el temor frente a los repentinos y casi imprevistos acontecimientos, ya para nadie era desconocida la fuerza y energía del Alcalde, junto a su audacia y habilidad política como ha sido destacado en los medios.
Pero es necesario dejar de lado la hipocresía y el temor, para reconocer que ante lo ocurrido, también hay signos de esperanzas por parte de pobladores y dirigentes sociales que por años vienen sufriendo el verse rechazados y discriminados por no formar parte de las huestes partidistas o partidarias del Jefe Comunal.
La discriminación social es algo que –por lo complejo– no siempre es abordado por los medios, y es lo que ocurre en Hualpén, independiente de las razones para que los resultados electorales no se ajusten a esta realidad.
Porque hay barrios completamente abandonados, sin áreas verdes y que parecen potreros, por el sólo hecho de que sus dirigentes vecinales no están alineados políticamente con el Alcalde. Barrios a los que no se le entregaron juguetes para más de una navidad –castigando injustamente a decenas de niños– y que tampoco recibieron la misma ayuda que otros sectores cuando las necesidades eran iguales, con motivo del sismo del 27F.
Y es que su “meteórico ascenso político” lo ha hecho Rivera transitando por una calzada de doble vía, de modo que mientras ha tendido su mano a quienes le respaldan incondicionalmente, ha discriminado de manera increíble a quienes simplemente no son de su sector, o se han atrevido a criticarle, o más aún, han intentado combatir sus errores. Basta que una persona haya sido “marcada” por el Jefe, para que sus funcionarios municipales hagan lo propio.
Más allá de la cuestión financiera, como recursos no declarados o no invertidos, el trato y la discriminación social es una lacra que se espera comience a llegar a su fin.
Porque así como el Alcalde se jacta frecuentemente de haber luchado contra la “dictadura” militar, él mismo ha instaurado una forma “dictadura comunal” en Hualpén, como ha sido denunciado en más de una ocasión, pero casi en voz baja, tanto por pobladores como entre funcionarios municipales, profesores y trabajadores de la salud.
Todo Hualpén espera que lo ocurrido se aclare a la mayor brevedad, para seguir la vida cotidiana en tranquilidad y en procura siempre de una calidad de vida mejor.
lunes, 4 de abril de 2011
Ignorancia Politica
El reciente triste episodio en la actividad política regional, deja heridos y trinfadores. Aunque digan que no.
Pero lo importante, en el fondo de lo ocurrido, es que también deja lecciones que deben ser aprendidas, y desnudó la tremenda ignorancia de muchos políticos que se han erigido a sí mismos como conductores de la opinión pública, como expertos de la política, o como aladides de la democracia.
Es el caso de quienes desconocieron los principios básicos de lo que es una acusación constitucional, cuando trataron de usar este mecanismo como una artimaña para deshacerse de una autoridad que les causó irritación por el sólo hecho de no acceder fácilmente a presiones de entregar los cargos que apetecían en forma indiscriminada.
El caso de Navarro es cuento aparte, porque parece evidente que estuvo a punto de lograr su objetivo: eliminar a Van Rysselberghe como posible competidora en la contienda senatorial que se avecina.
Pero también queda al descubierto la ignorancia política o desconocimiento del verdadero sentido de la actual legislación social, de quienes pretenden controlar desde afuera las atribuciones que competen exclusivamente al Presidente de la República. Porque, por un lado, Marcelo Rivera pretende tener un intendente "que no sea manejado desde la Moneda", y por otro, Clemira Pacheco parece olvidar que la figura del Intendente es representar en la región al Presidente de la República, al afirmar que "... más nos gustaría que el intendente fuerea electo democráticamente".
Ahora, el espectáculo se traslada a otro terreno, en busca de un intendente(a). RN regional buscará frenéticamente el diálogo con la nueva autoridad, para dar a entender que nunca quiso obstaculizar el trabajo de la ex-intedenta, mientras que quien resulte finalmente designado, tratará de acercarse a RN para mostrar que toma distancia de quien fue empujada a renunciar a su cargo.
Pero lo importante, en el fondo de lo ocurrido, es que también deja lecciones que deben ser aprendidas, y desnudó la tremenda ignorancia de muchos políticos que se han erigido a sí mismos como conductores de la opinión pública, como expertos de la política, o como aladides de la democracia.
Es el caso de quienes desconocieron los principios básicos de lo que es una acusación constitucional, cuando trataron de usar este mecanismo como una artimaña para deshacerse de una autoridad que les causó irritación por el sólo hecho de no acceder fácilmente a presiones de entregar los cargos que apetecían en forma indiscriminada.
El caso de Navarro es cuento aparte, porque parece evidente que estuvo a punto de lograr su objetivo: eliminar a Van Rysselberghe como posible competidora en la contienda senatorial que se avecina.
Pero también queda al descubierto la ignorancia política o desconocimiento del verdadero sentido de la actual legislación social, de quienes pretenden controlar desde afuera las atribuciones que competen exclusivamente al Presidente de la República. Porque, por un lado, Marcelo Rivera pretende tener un intendente "que no sea manejado desde la Moneda", y por otro, Clemira Pacheco parece olvidar que la figura del Intendente es representar en la región al Presidente de la República, al afirmar que "... más nos gustaría que el intendente fuerea electo democráticamente".
Ahora, el espectáculo se traslada a otro terreno, en busca de un intendente(a). RN regional buscará frenéticamente el diálogo con la nueva autoridad, para dar a entender que nunca quiso obstaculizar el trabajo de la ex-intedenta, mientras que quien resulte finalmente designado, tratará de acercarse a RN para mostrar que toma distancia de quien fue empujada a renunciar a su cargo.
lunes, 24 de noviembre de 2008
Sectarismo y Dictadura
Todo el mundo, político y no político, se enorgullece o se jacta de vivir en un país y en una sociedad democrática, en la que se da por sentado el respeto a los derechos de las personas y la participación libre y soberana de ellas en la elección de sus autoridades y en la toma de numerosas e importantes decisiones.
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?
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