CORTE APELACIONES ACOGE RECURSO DE ILEGALIDAD CONTRA ALCALDESA DE HUALPÉN

Diez días tiene la alcaldesa de Hualpén, Fabiola Lagos, para responder al ‘traslado’ de la denuncia de ilegalidad interpuesta en su contra por trabajadores municipales agrupados en la Asociación Nº 1. Esto, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera a trámite el recurso presentado al tribunal el 7 de febrero en curso, con patrocino del abogado Max Cornejo. La resolución de la corte penquista fue dictada el pasado miércoles 12, y el plazo de diez días que tiene la primera autoridad comunal, corre a partir de la notificación correspondiente.

PIDEN EN HUALPÉN QUE COMANDO DE TORRES SE HAGA PARTE EN RECURSO ANTE EL TER

Confirman Irregularidades.- La necesidad de hacerse parte en la reclamación presentada ante el TER por tres de los ex candidatos a alcalde Hualpén, por parte de la candidatura de Gabriel Torres, hicieron sentir numerosos votantes que señalaron sentirse "vulnerados en su decisión ciudadana", al considerar que "fueron muchas las irregularidades comprobadas por vocales y simples votantes en diversos recintos que funcionaron como lugares de sufragio de la comuna". En declaraciones formuladas a "El Mirador", vecinos de Parque Central, Perla del Biobío, Peñuelas II, Lan C y otros, afirmaron que entre las "irregularidades que quedaron patente el día de la elección", cuentan la "constitución de mesas con vocales distintos a los titulares porque --dijeron-- asumieron incluso algunos funcionarios municipales que llegaron antes de la hora fijada para el inicio de la jornada; inicio el proceso de aperura de las urnas 'sin los vocales', a los que se les exigió salir de la sala". "Además --dijo una vecina comerciante de la Feria dominical--, esta vez yo vi mucha falta de control, por eso es que los votos no cuadran, y no van a cuadrar", afirmó. La mayoría de estas irregularidades ocurrieron principalmente en el Liceo A-87 'Pedro del Río', cuya delegada fue la directiva del establecimiento, Silvia Muñoz, quien habría actuado presionada por una de las candidatas. En ese local, tanto la prensa como candidatos y sus equipos fueron impedidos de transitar libremente, como es lo normal en los comicios. La petición de estos vecinos es que el comando de Gabriel Torres se haga parte en la reclamación presentada ante el TER por los candidatos Elicia Herrera, Maurio Mella y Claudio Pradenas, "porque si no lo hizo dentro del plazo que venció el sábado, ahora puede hacerlo haciéndose parte", dijeron.

El Gobierno en Terrenos de Hualpén

Cientos de vecinos concurrieron a conocer y efectuar diversas consultas durante la operación "Gobierno en Terreno" organizada por la Gobernación Provincial de Concepción, y que se desarrolló recientemente (vier 25 nov) durante poco más de cuatro horas en el sector de una de las ferias más populares en Hualpén.
En la ocasión un buen número de servicios públicos desplegaron módulos de atención para los vecinos, quienes también tuvieron la oportunidad de conocer y saludar a las autoridades que se hicieron presentes encabezadas por el Gobernador Alejandro Reyes, junto al diputado Jorge Ulloa; los seremis de energía, Rodrigo Torres y el de minería, Luis Ulloa, y jefes de servicios.
El único concejal de la comuna que concurrió al evento fue Gabriel Torres, mientras que desde la Gobernación se informó a "Chile desde Hualpén", que el municipio también fue invitado a exponer los servicios que ofrece a la comunidad local, pese a lo cual no estuvo presente.
Consultas de diversa índole las realizaron los vecinos en módulos instalados por servicios tales como el Fondo Nacional de Salud, Fonasa; Corporación de Fomento de la Producción, Corfo; Servicio Nacional del Consumidor, Sernac; Servicio Nacional de la Mujer, Sernam; Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, la Policía de Investigaciones, PDI, y el Servicio de Salud Talcahuano. Este último módulo fue uno de los que más atenciones prestó, con la vacunación masiva "antigarrapatas" de gran cantidad de perros.
Vecinos consultados sobre la atención y disposición de los funcionarios, manifestaron a este medio que "es una jornada necesaria en todos los rincones de las diversas comunas de la región. Pero --manifestaron-- ojalá fueran más frecuentes".

Advertencia Vecinal en J.vv 44-C de Hualpén

La nueva presidenta de la controvertida junta vecinal 44-C de Hualpén, habló fuerte y golpeado al asumir su cargo.
Primero, Marión Jegó, quien además es influyente funcionaria a honorarios en la dirección de organizaciones comunitarias de la municipalidad, DIDECO, aseguró que en su campaña no habló de política a los vecinos, sino sólo de gestión, la que consistiría en llevar hacia la junta de vecinos todos los programas y proyectos que están disponibles, tanto en el municipio como en los fondos presidente de la república.
Toda esa asistencia municipal fue la que se negó a la organización durante los últimos cuatro años. Los vecinos asistentes, en una cantidad notoriamente mayor a la acostumbrada, aplaudían a ratos y al unísono acaloradamente, a la vez que con gestos y murmullos asentían concertadamente cada una de las afirmaciones y propuestas.
Pero el momento culminante, con aplausos a rabiar, fue cuando Marión Jegó sentenció que hará expulsar al presidente saliente, así como a la nueva vicepresidenta --quien no estuvo presente--, en caso que no trabajáramos en sus planes o no estuviéramos de acuerdo con ella. Para completar, advirtió además que no permitiría tomar fotos en las asambleas vecinales... tal como ocurre en los Concejos comunales...(¿?)
Como presidente saliente, sólo me atreví a explicar que toda expulsión tiene trámites previstos en la ley, los que hay que cumplir, y que la actitud amenzante de la nueva presidenta es absolutamente la misma del alcalde Rivera con los que él considera sus adversarios, afirmaciones mías que terminaron con bravuconadas en mi contra, amedrentamientos y amenazas ininteligibles, por gran parte de la concurrencia que a esas alturas era como una turba, porque quienes las proferían se escondían en el tumulto.
No somos pocos los dirigentes, profesores, funcionarios de la salud municipalizada y otros, los que debemos andar con temor por las calles de Hualpén, frente a tanta irracionalidad.

Alcalde de Hualpén no quiere a la prensa

Al recién reelecto alcalde de Hualpén parece obsesionarle la idea de ir contra la ley. Ahora, y por razones que no se entienden, las emprendió contra el periódico “El Mirador”, para impedir su circulación, impedir que busque noticias y que las publique. He aquí algunas de las acciones que ejerce desde su alto cargo: primero, hace que su departamento de comunicaciones deje de enviar a “El Mirador” las informaciones o invitaciones que corresponden al quehacer municipal, pese a tener varios profesionales para ello; luego, permite que arbitrariamente se impida labor al editor del periódico, en un acto a los profesores, desde donde se le “desalojó” con más de una amenaza, y con la intervención del Jefe de Seguridad Ciudadana, como amedrentamiento; después, prohíbe tomar fotografías en las sesiones del Concejo Municipal, que son tan públicas como las del Congreso Nacional, donde nadie se opone al uso de las cámaras fotográficas, ni se restringe los derechos a la Prensa, y ahora, niega una entrevista a “El Mirador”, la que se le ha solicitado verbalmente, y con la formalidad de de dos escritos, para dar a conocer las nuevas ideas que tenga luego de resultar reelecto con una tan alta mayoría que ni él mismo se la esperaba.
«¿Qué pretende esconder el Alcalde de Hualpén? ¿Por qué le teme al periódico “El Mirador”, que desde su nacimiento en Internet ha estado al servicio del progreso y desarrollo de esta comuna…?»
Porque en la penúltima sesión del Concejo de la comuna, el miércoles 12, cuando aún estaban todos los concejales y algunos asistentes presentes, el Editor se acercó a reiterarle la petición de entrevista. Su respuesta textual fue ésta: “¿cómo te voy a dar una entrevista a tí, después que me sacaste ‘la cresta’ en la campaña?”.
Hay que notar, no obstante, que en sus discursos el Alcalde Rivera siempre hace alusión a la democracia, la transversalidad, y al trabajo con todos, sin discriminaciones odiosas.

Sectarismo y Dictadura

Todo el mundo, político y no político, se enorgullece o se jacta de vivir en un país y en una sociedad democrática, en la que se da por sentado el respeto a los derechos de las personas y la participación libre y soberana de ellas en la elección de sus autoridades y en la toma de numerosas e importantes decisiones.
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?

Contundente Fallo Por Ilegalidad de la Municipalidad de Hualpén en Contra de Junta de Vecinos 44-C

En contundente fallo, la Corte de Apelaciones de Concepción ordena a la Municipalidad de Hualpén a registrar y certificar el cambio de presidente de la Junta de Vecinos 44-C “José Miguel Carrera”, que la entidad edilicia se había negado a cumplir desde la destitución por censura, del ex presidente Héctor Delgado Soto, ocurrida en julio de 2007.

El fallo del Tribunal de Alzada penquista sentencia en el Recurso de Protección deducido en contra del municipio y de su alcalde, Marcelo Rivera, que “debe considerarse válida la nueva directiva de la junta de vecinos 44-c, encabezada por su presidente César Andrades, y consecuencialmente la municipalidad recurrida debe proceder al registro de esta directiva… … y a otorgar el certificado referido en el artículo 6 inciso 2 de la Ley 19.418”.

DECLARADA LA ILEGALIDAD.-
Refiriéndose al fondo del problema, por la no certificación requerida, y que dio origen al Recurso hecho por los vecinos, la Corte acoge en todas sus partes los planteamientos de los recurrentes, al expresar que “la negativa del ente municipal constituye una ilegalidad y un desacato al artículo 6 de la Ley 19.418 precitado, perjudicando o limitando el derecho de asociación que corresponde a los actores conforme al artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política de la República”.

EL DICTAMEN DE CONTRALORÍA.-
La resolución judicial, de fecha 3 de junio en curso, ratifica además el pronunciamiento emitido por la Contraloría Regional del Biobío fecha 15 de abril, “tenido a la vista, y en el que, analizando el mismo problema de este recurso de protección, llega a similar conclusión”.
Cabe recordar que la defensa municipal rechazó el dictamen por cuestiones de forma, no obstante que las bases jurídicas del mismo, así como los hechos, están a la vista, y no cambiarán. El municipio sostiene que Contraloría no debió emitir un pronunciamiento sobre materias que se hallaban pendientes de resolución en los Tribunales, refiriéndose los dos recursos presentados ante la Corte: el de Protección recientemente fallado, y el de Ilegalidad, que se hallaría en su fase final.
En su análisis jurídico, la Contraloría Regional sienta importantes precedentes sobre la inviolabilidad a la autonomía de las juntas de vecinos y demás organizaciones sociales, que es lo que los recurrentes sostuvieron desde un principio, frente a la arbitrariedad sostenida por la Municipalidad de Hualpén y su alcalde, Marcelo Rivera.