El desorden e irregularidades detectados en numerosas juntas de vecinos y organizaciones comunitarias a lo largo de todo el país, y apenas percibidos, o soslayados intencionalmente por las autoridades, plantea con el carácter de urgente la necesidad de cambiar la actual ley existente, o bien introducirle las modificaciones y normas que sean pertinentes para solucionar sus vacíos y omisiones.
Hasta el momento, son pocos los dirigentes sociales que han tratado –con casi nulo resultado- de poner el tema sobre la mesa, con la esperanza de hallar la necesaria atención de los parlamentarios en ejercicio, así como de los candidatos que aspiran a integrar el Poder Legislativo.
Los mismos dirigentes que han expresado si inquietud, temen abiertamente que la falta de interés se deba a que con la actual ley, hay menos control, y es más fácil “manejar” a las organizaciones sociales: juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, uniones comunales, y miles de comités con personería jurídica armados todos con el pretexto de beneficiarse de los proyectos con financiamiento fiscal, pero ocultando la verdad sobre su manipulación con intereses políticos u otras formas de aprovechamiento.
Todo lo anterior, porque en realidad la situación de las organizaciones sociales ha caído en un círculo vicioso: el desorden y las irregularidades han ocasionado el desinterés o alejamiento de las bases poblacionales, mientras que esta falta de interés permite a dirigentes inescrupulosos y autoridades sacar el máximo de provecho de las organizaciones “víctimas”.
A modo de ejemplo, la ley 19.418 declara expresamente la cesación en sus cargos de los dirigentes, al cumplir éstos el plazo para el cual fueron elegidos (Art. 24 letra a): Pero por un lado, la ley no dispone de sanción alguna ni de los medios para hacer efectiva la norma, mientras que por otra parte, hay autoridades que hacen la “vista gorda” cuando esta situación conviene a sus intereses. En muchos de estos casos, dirigentes así cesados por la Ley, continúan solicitando y percibiendo recursos fiscales amparados por el descontrol de las mismas autoridades encargadas de llevar los registros de todas las organizaciones sociales en cada jurisdicción comunal del país.
Otro tanto ocurre con la censura dispuesta en el mismo Art. 24, letra d), cuyos vacíos e incongruencias hacen extraordinariamente difícil su aplicación. Tanto, que es frecuente que las partes en conflicto deban llegar a Tribunales. ¿No debería haber normas claras que regulen los conflictos en las organizaciones sociales que no disponen de recursos para enfrentar largas acciones judiciales?
En todo caso, la Ley no sólo deja al descubierto materias internas de las propias organizaciones sociales, sino que además, no dispone de normas que obligue y sancione la falta de cumplimiento a sus disposiciones por parte de las municipalidades, encargadas a lo menos de llevar los registros públicos actualizados, como lo dispone su Art. 6º . Por otra parte, es necesario prevenir que tampoco está regulada la inconveniencia de contratar a dirigentes sociales en ejercicio, por parte de la municipalidad de la misma comuna a que pertenece su organización, anulando así su independencia.
En resumen, un estudio acabado de la Ley, revela numerosos otros vacíos y omisiones, como los señalados, que deben corregirse mediante el reemplazo de este importante cuerpo legal, o con las modificaciones necesarias, a fin de que las organizaciones sociales puedan ser realmente el espacio de participación ciudadana, que es la base de toda real democracia.
martes, 22 de septiembre de 2009
jueves, 27 de agosto de 2009
Los parlamentarios que el país necesita
Cuando de campañas se trata, cada candidato se esfuerza por captar la mayor cantidad de votos para resultar electo, pero no siempre se esmera por presentar un proyecto de trabajo para el eventual ejercicio de su cargo.
Es el caso de la presente campaña parlamentaria, ya iniciada antes de tiempo, prácticamente no hay contenidos que puedan traducirse en materias de ley, considerando que la tarea propia de los parlamentarios, es justamente legislar. Pero no sólo se trata de legislar sobre proyectos que "otros" presenten, porque la gracia es también tener y presentar proyectos propios, y no sólo proyectos que beneficien a pequeños sectores de la población, sino proyectos que además, tengan importancia y envergadura nacional.
Hay candidatos que ignoran las sugerencias que se les hace, porque generalmente piensan que se trata de intereses ajenos a los suyos, es decir, que no tienen nada que ver con "cómo hacer más votos". Pero también hay candidatos que ignoran las sugerencias que reciben por simple flojera, para no pensar si tal sugerencia valdrá o no la pena.
Respecto del distrito 43, Hualpén-Talcahano, ni siquiera ha sido fácil hablar con todos los candidatos, porque algunos exigen sumisión previa.
Los parlamentarios que el país necesita, son pues, gente dispuesta. Parlamentarios que estén dispuestos a escuchar, a pensar, y a digerir previamente las sugerencias que se les hace antes que decir que "no vale la pena preocuparse de eso, por lo menos ahora..."
Los parlamentarios que el país necesita, son aquellos que de verdad quieran servir a la gente, a toda la gente, independiente de para quién fue su voto. Que quieran legislar en bien de su región o distrito, y del país; que quieran legislar por erradicar las desigualdades y las discriminaciones partidistas, por constituir estas prácticas gérmenes de la corrupción.
El país necesita parlamentarios que, por ejemplo, quieran legislar para modificar la actual Ley sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, plagada de vacíos e incongruencias que los más vivos aprovechan en desmedro de los intereses de la población.
Los futuros parlamentarios deben saber y entender que leyes como éstas tienen en crisis a una enorme cantidad de organizaciones sociales a lo largo de todo el país, las que si no son utilizadas por mezquinos intereses partidistas o por autoridades locales con ansias de perpetuarse en el poder, son simplemente ignoradas, como ocurre aquí, en Hualpén.
Es el caso de la presente campaña parlamentaria, ya iniciada antes de tiempo, prácticamente no hay contenidos que puedan traducirse en materias de ley, considerando que la tarea propia de los parlamentarios, es justamente legislar. Pero no sólo se trata de legislar sobre proyectos que "otros" presenten, porque la gracia es también tener y presentar proyectos propios, y no sólo proyectos que beneficien a pequeños sectores de la población, sino proyectos que además, tengan importancia y envergadura nacional.
Hay candidatos que ignoran las sugerencias que se les hace, porque generalmente piensan que se trata de intereses ajenos a los suyos, es decir, que no tienen nada que ver con "cómo hacer más votos". Pero también hay candidatos que ignoran las sugerencias que reciben por simple flojera, para no pensar si tal sugerencia valdrá o no la pena.
Respecto del distrito 43, Hualpén-Talcahano, ni siquiera ha sido fácil hablar con todos los candidatos, porque algunos exigen sumisión previa.
Los parlamentarios que el país necesita, son pues, gente dispuesta. Parlamentarios que estén dispuestos a escuchar, a pensar, y a digerir previamente las sugerencias que se les hace antes que decir que "no vale la pena preocuparse de eso, por lo menos ahora..."
Los parlamentarios que el país necesita, son aquellos que de verdad quieran servir a la gente, a toda la gente, independiente de para quién fue su voto. Que quieran legislar en bien de su región o distrito, y del país; que quieran legislar por erradicar las desigualdades y las discriminaciones partidistas, por constituir estas prácticas gérmenes de la corrupción.
El país necesita parlamentarios que, por ejemplo, quieran legislar para modificar la actual Ley sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias, plagada de vacíos e incongruencias que los más vivos aprovechan en desmedro de los intereses de la población.
Los futuros parlamentarios deben saber y entender que leyes como éstas tienen en crisis a una enorme cantidad de organizaciones sociales a lo largo de todo el país, las que si no son utilizadas por mezquinos intereses partidistas o por autoridades locales con ansias de perpetuarse en el poder, son simplemente ignoradas, como ocurre aquí, en Hualpén.
lunes, 24 de noviembre de 2008
Alcalde de Hualpén no quiere a la prensa
Al recién reelecto alcalde de Hualpén parece obsesionarle la idea de ir contra la ley. Ahora, y por razones que no se entienden, las emprendió contra el periódico “El Mirador”, para impedir su circulación, impedir que busque noticias y que las publique. He aquí algunas de las acciones que ejerce desde su alto cargo: primero, hace que su departamento de comunicaciones deje de enviar a “El Mirador” las informaciones o invitaciones que corresponden al quehacer municipal, pese a tener varios profesionales para ello; luego, permite que arbitrariamente se impida labor al editor del periódico, en un acto a los profesores, desde donde se le “desalojó” con más de una amenaza, y con la intervención del Jefe de Seguridad Ciudadana, como amedrentamiento; después, prohíbe tomar fotografías en las sesiones del Concejo Municipal, que son tan públicas como las del Congreso Nacional, donde nadie se opone al uso de las cámaras fotográficas, ni se restringe los derechos a la Prensa, y ahora, niega una entrevista a “El Mirador”, la que se le ha solicitado verbalmente, y con la formalidad de de dos escritos, para dar a conocer las nuevas ideas que tenga luego de resultar reelecto con una tan alta mayoría que ni él mismo se la esperaba.
«¿Qué pretende esconder el Alcalde de Hualpén? ¿Por qué le teme al periódico “El Mirador”, que desde su nacimiento en Internet ha estado al servicio del progreso y desarrollo de esta comuna…?»
Porque en la penúltima sesión del Concejo de la comuna, el miércoles 12, cuando aún estaban todos los concejales y algunos asistentes presentes, el Editor se acercó a reiterarle la petición de entrevista. Su respuesta textual fue ésta: “¿cómo te voy a dar una entrevista a tí, después que me sacaste ‘la cresta’ en la campaña?”.
Hay que notar, no obstante, que en sus discursos el Alcalde Rivera siempre hace alusión a la democracia, la transversalidad, y al trabajo con todos, sin discriminaciones odiosas.
«¿Qué pretende esconder el Alcalde de Hualpén? ¿Por qué le teme al periódico “El Mirador”, que desde su nacimiento en Internet ha estado al servicio del progreso y desarrollo de esta comuna…?»
Porque en la penúltima sesión del Concejo de la comuna, el miércoles 12, cuando aún estaban todos los concejales y algunos asistentes presentes, el Editor se acercó a reiterarle la petición de entrevista. Su respuesta textual fue ésta: “¿cómo te voy a dar una entrevista a tí, después que me sacaste ‘la cresta’ en la campaña?”.
Hay que notar, no obstante, que en sus discursos el Alcalde Rivera siempre hace alusión a la democracia, la transversalidad, y al trabajo con todos, sin discriminaciones odiosas.
Sectarismo y Dictadura
Todo el mundo, político y no político, se enorgullece o se jacta de vivir en un país y en una sociedad democrática, en la que se da por sentado el respeto a los derechos de las personas y la participación libre y soberana de ellas en la elección de sus autoridades y en la toma de numerosas e importantes decisiones.
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?
Pero la cuestión es que, quiérase o no, hay muchos lugares, países, pueblos o comunas, donde el concepto “democracia” sirve sólo como juego de palabras en las conversaciones de intelectuales o en los discursos oficiales de algunas autoridades. Porque la verdad, es que no son pocas las autoridades, de las que se autonombran defensores de la democracia, en distintas clases de administraciones, cuyas acciones revelan un síndrome de la dictadura, fórmula perversa de gobierno, a la que algún día dijeron combatir.
A nivel de país, es el caso de Fidel Castro en Cuba y de Hugo Chávez, en Venezuela. Ambos se empoderaron de la conducción nacional, tras luchar contra alguna dictadura, pero ambos también han terminado siendo dictadores al restringir las libertades ciudadanas, discriminar a los medios informativos y coartar la libertad de prensa.
En ambos casos se habla de democracia, y se recurre a la “decisión popular” que siempre les resulta favorable. Porque a la gente no le gustan las dictaduras, pero se ven obligadas a votar por ellas, por temor; por miedo a perder los beneficios que el Estado les ha dado bajo condición, cuando las necesidades básicas son más fuertes que la misma libertad. Y el dictador no sólo quiere tener partidarios, sino que servidores incondicionales y esclavos de sus propósitos.
En Chile, las dictaduras partidarias han terminado, por ejemplo, con las militancias de Jorge Schaulson y Adolfo Zaldívar; con las renuncias de Fernando Flores, Alejandro Navarro y Gastón Saavedra, entre los casos más bullados.
Otra cosa es el sectarismo. Éste frecuentemente parte con la discriminación, que también es hija de la dictadura. Consiste básicamente en desconocer la igualdad de las personas por razones como el color de la piel, la religión o por la opción política, marginándolas de todo cuanto sea posible, pero principalmente de los beneficios que el Estado entrega para todos quienes lo necesiten.
En el caso de Hualpén, hay que coincidir en que el Alcalde tiene derecho a querer o no querer a un medio de comunicación social o a una persona, o a una junta de vecinos determinada. Pero ese derecho no puede ir, en la acción, contra otros derechos de aquellas mismas personas o entidades, consagrados en las leyes y en la propia Constitución de la República.
Son las reiteradas decisiones contrarias a las leyes, las que identifican las acciones propias de una dictadura, junto con las prácticas del soplonaje en las reparticiones y organizaciones, y el amedrentamiento, hasta para impedir el ejercicio legítimo al reclamo o la movilización, como ha ocurrido en las últimas acciones gremiales destinadas a reivindicar la situación económica de los trabajadores.
El periódico “El Mirador”, que se edita en Hualpén, está siendo objeto de la discriminación y el amedrentamiento por parte de la autoridad comunal, el reelecto alcalde Marcelo Rivera; trabajadores del magisterio y de la salud han denunciado con reserva de sus nombres, acciones de amedrentamiento y soplonaje, junto con las presiones directas para evitar su adhesión a las últimas movilizaciones; vecinos con igual temor de revelar sus identidades, han confidenciado las amenazas del término de beneficios, como el de los talleres y canastas, si la actual administración llegaba a su término.
En fin. Hasta dirigentes discriminados se vieron amarrados de manos por casi dos años, por la sola negativa arbitraria de la autoridad de emitir la certificación que le ordenaba la ley, lo que finalmente se logró, pero sólo con la contundente sentencia de los Tribunales y el pronunciamiento jurídico de la Contraloría.
¿Vivimos entonces una suerte de pequeña dictadura?
viernes, 24 de octubre de 2008
No a la exclusión y al Revanchismo
Todo el país ha estado pendiente de los resultados de las elecciones municipales.
Saber quién será en definitiva el alcalde en cada comuna, y quiénes serán los concejales que deberán marcar el ritmo de trabajo durante los próximos cuatro años, es una necesidad de la mayoría de los ciudadanos, si no de todos.
Pero no basta con saber quiénes serán.
Es el momento preciso para reflexionar en las consecuencias de una campaña larga; por cierto, más larga y con más propaganda que el mes oficial que establece la ley. Campaña de la que resultan vencedores y perdedores. Alegres los unos, y apesadumbrados los otros.
Pero creemos que son las «otras» consecuencias las que importan: qué clase de gestión tendremos, y cuál será el trato que recibirán en los municipios los pobladores partidarios de aquellas candidaturas que resultaron derrotadas.
Porque, a decir verdad, uno de los males de ciertas clases políticas de hoy, es la exclusión, la discriminación y el sectarismo.
Muchas son las comunas en las que los servicios municipales encargados de administrar beneficios fiscales, suelen ser entregados sólo a quienes probaron su fidelidad partidaria, aunque no militante, para lograr el triunfo alcanzado. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las becas «Presidente de la República» para estudiantes de la enseñanza media, cuyo beneficio no fue entregado a estudiantes de excelencia académica durante los cuatro años del gobierno comunal que termina, por no acreditar la lealtad de sus padres al régimen, aunque fueran económicamente vulnerables.
Cabe entonces esperar que, cualquiera sean los resultados, no surja esta vez el «desquite» cuando de beneficios fiscales se trata.
Toda campaña deja sentimientos heridos, producto de la lucha electoral y sus inevitables descalificaciones. Hasta personas heridas víctimas de agresiones, y gente humillada y discriminada sólo por no pertenecer a un bando.
Invocando el espíritu cristiano del que se habla y se abusa, esperamos que estos males no se den, o no vuelvan a repetirse en nuestra comunidad.
Esperamos un trabajo limpio, integrador, no excluyente y verdaderamente transversal; en un ambiente donde no haya temor; donde nadie deba bajar la vista por miedo o enojo insano. Pero además, un trabajo con verdadera participación ciudadana de la que hablaban tanto los candidatos, como lo hizo en su tiempo la Presidenta Bachelet.
Este es nuestro «sueño de la ciudad que queremos»
Saber quién será en definitiva el alcalde en cada comuna, y quiénes serán los concejales que deberán marcar el ritmo de trabajo durante los próximos cuatro años, es una necesidad de la mayoría de los ciudadanos, si no de todos.
Pero no basta con saber quiénes serán.
Es el momento preciso para reflexionar en las consecuencias de una campaña larga; por cierto, más larga y con más propaganda que el mes oficial que establece la ley. Campaña de la que resultan vencedores y perdedores. Alegres los unos, y apesadumbrados los otros.
Pero creemos que son las «otras» consecuencias las que importan: qué clase de gestión tendremos, y cuál será el trato que recibirán en los municipios los pobladores partidarios de aquellas candidaturas que resultaron derrotadas.
Porque, a decir verdad, uno de los males de ciertas clases políticas de hoy, es la exclusión, la discriminación y el sectarismo.
Muchas son las comunas en las que los servicios municipales encargados de administrar beneficios fiscales, suelen ser entregados sólo a quienes probaron su fidelidad partidaria, aunque no militante, para lograr el triunfo alcanzado. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las becas «Presidente de la República» para estudiantes de la enseñanza media, cuyo beneficio no fue entregado a estudiantes de excelencia académica durante los cuatro años del gobierno comunal que termina, por no acreditar la lealtad de sus padres al régimen, aunque fueran económicamente vulnerables.
Cabe entonces esperar que, cualquiera sean los resultados, no surja esta vez el «desquite» cuando de beneficios fiscales se trata.
Toda campaña deja sentimientos heridos, producto de la lucha electoral y sus inevitables descalificaciones. Hasta personas heridas víctimas de agresiones, y gente humillada y discriminada sólo por no pertenecer a un bando.
Invocando el espíritu cristiano del que se habla y se abusa, esperamos que estos males no se den, o no vuelvan a repetirse en nuestra comunidad.
Esperamos un trabajo limpio, integrador, no excluyente y verdaderamente transversal; en un ambiente donde no haya temor; donde nadie deba bajar la vista por miedo o enojo insano. Pero además, un trabajo con verdadera participación ciudadana de la que hablaban tanto los candidatos, como lo hizo en su tiempo la Presidenta Bachelet.
Este es nuestro «sueño de la ciudad que queremos»
martes, 7 de octubre de 2008
Los Concejales que el país necesita
La mayoría de la gente piensa que los concejales no son más que otras autoridades locales que tienen que ver con el quehacer comunal o con la municipalidad.
Se eligen generalmente por ser los más conocidos, líderes naturales, o porque se han destacado en alguna actividad. También porque han tenido los recursos necesarios para darse a conocer en el momento indicado.
Pero lo que todo ciudadano debe saber, es que los concejales tienen roles y obligaciones específicas que cumplir, y que muy pocos de ellos sí cumplen.
Por ejemplo, la ley señala que el concejo es de «carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local»
¿Y cuántos concejales se conocen que realmente ejercen su función fiscalizadora, y sobre todo, que hacen efectiva la participación de la comunidad?
En su letra d) del artículo 79, la Ley Orgánica de Municipalidades señala expresamente que el concejal debe «Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan...»
¿Y cuáles son los concejales que realmente fiscalizan?
Porque generalmente, cuando lo hacen, y cumplen con el mandato que les entrega la ley, son tildados de obstructores, que “andan con la cosa chica”, que lo hacen sólo porque son de oposición… si es que lo son.
Y si no lo hacen, eso de fiscalizar…, es que simplemente no sirven. No cumplen con la ley. Son cómplices de irregularidades y hasta de ilegalidades, lo que generalmente ocurre por la llamada “lealtad política”, por amistad, compadrazgo; por dependencia, o hasta por lazos de familiaridad, como ha ocurrido por ejemplo, en la comuna de Tomé.
Entonces, ¿qué concejales son los que necesita el país?
Todo ciudadano, que por cierto incluye al poblador común menos instruido, debe saber que el concejal tiene la misión no sólo de fiscalizar al alcalde, preocuparse que las finanzas municipales estén correctas, y recomendar las prioridades de inversión y obras de adelanto, sino que además, debe representar a los habitantes de la comuna ante el Concejo, y debe “hacer efectiva la participación de la comunidad local”.
Desde luego, parece natural que no siempre se cumplan tales requisitos. Porque a muy pocos ciudadanos parece importarle el cumplimiento de tales roles, que se hallan establecidos expresamente en la ley.
Entonces, parece útil recomendar que a la hora de votar se tengan presentes las disposiciones de la ley. Porque con una fiscalización oportuna y efectiva, los municipios y particularmente los alcaldes, no tendrán que enfrentar acusaciones y recursos legales que pudieran terminar en su destitución, lo que ocurre muy a menudo porque además, los asesores, en vez de asesorar, se dedican a llevarle el amén al “jefe”, a quien no se atreven a contrariar ni siquiera para evitar faltas a la legalidad.
Se eligen generalmente por ser los más conocidos, líderes naturales, o porque se han destacado en alguna actividad. También porque han tenido los recursos necesarios para darse a conocer en el momento indicado.
Pero lo que todo ciudadano debe saber, es que los concejales tienen roles y obligaciones específicas que cumplir, y que muy pocos de ellos sí cumplen.
Por ejemplo, la ley señala que el concejo es de «carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local»
¿Y cuántos concejales se conocen que realmente ejercen su función fiscalizadora, y sobre todo, que hacen efectiva la participación de la comunidad?
En su letra d) del artículo 79, la Ley Orgánica de Municipalidades señala expresamente que el concejal debe «Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan...»
¿Y cuáles son los concejales que realmente fiscalizan?
Porque generalmente, cuando lo hacen, y cumplen con el mandato que les entrega la ley, son tildados de obstructores, que “andan con la cosa chica”, que lo hacen sólo porque son de oposición… si es que lo son.
Y si no lo hacen, eso de fiscalizar…, es que simplemente no sirven. No cumplen con la ley. Son cómplices de irregularidades y hasta de ilegalidades, lo que generalmente ocurre por la llamada “lealtad política”, por amistad, compadrazgo; por dependencia, o hasta por lazos de familiaridad, como ha ocurrido por ejemplo, en la comuna de Tomé.
Entonces, ¿qué concejales son los que necesita el país?
Todo ciudadano, que por cierto incluye al poblador común menos instruido, debe saber que el concejal tiene la misión no sólo de fiscalizar al alcalde, preocuparse que las finanzas municipales estén correctas, y recomendar las prioridades de inversión y obras de adelanto, sino que además, debe representar a los habitantes de la comuna ante el Concejo, y debe “hacer efectiva la participación de la comunidad local”.
Desde luego, parece natural que no siempre se cumplan tales requisitos. Porque a muy pocos ciudadanos parece importarle el cumplimiento de tales roles, que se hallan establecidos expresamente en la ley.
Entonces, parece útil recomendar que a la hora de votar se tengan presentes las disposiciones de la ley. Porque con una fiscalización oportuna y efectiva, los municipios y particularmente los alcaldes, no tendrán que enfrentar acusaciones y recursos legales que pudieran terminar en su destitución, lo que ocurre muy a menudo porque además, los asesores, en vez de asesorar, se dedican a llevarle el amén al “jefe”, a quien no se atreven a contrariar ni siquiera para evitar faltas a la legalidad.
Concejala Apela a su Destitución en Hualpén
El Tribunal Electoral Regional, TER, concedió la apelación interpuesta por la concejala Fabiola Lagos, para ante el TRICEL, luego que le rechazara un recurso de reposición en el que solicitaba la anulación de la sentencia que dio lugar a la petición de destitución de su cargo de concejala, por incompatibilidad de funciones.
La acción presentada ante el TER por el concejal Gabriel Torres, se fundamentó en la incompatibilidad de funciones, al asumir ella cargos remunerados por la Municipalidad en el DAEM.
Tras la sentencia de primera instancia y el rechazo del recurso de reposición, la siguiente sesión ordinaria del Concejo Municipal se efectuó sin la presencia del Alcalde, debiendo ser presidida por Lagos. Pero antes de entrar a la hora de incidentes, ella abandonó la testera, sorprendiendo a los concejales y vecinos presentes.
Ante esta acción, la sesión continuó, pero presidida esta vez por el propio concejal Torres, sin que pudieran tratarse temas tales como la misma destitución.
Torres, sin embargo, planteó nuevamente su inquietud respecto del uso y abuso publicitario que se estaría haciendo del periódico municipal «El Hualpenino».
La concejala Lagos continúa ejerciendo su cargo de elección popular, mientras se espera el fallo definitivo de segunda instancia, y no tiene impedimento legal para continuar su campaña de postulación a un nuevo período, después de lo cual tendría que decidir si seguir como concejala, o continuar como funcionaria municipal.
La acción presentada ante el TER por el concejal Gabriel Torres, se fundamentó en la incompatibilidad de funciones, al asumir ella cargos remunerados por la Municipalidad en el DAEM.
Tras la sentencia de primera instancia y el rechazo del recurso de reposición, la siguiente sesión ordinaria del Concejo Municipal se efectuó sin la presencia del Alcalde, debiendo ser presidida por Lagos. Pero antes de entrar a la hora de incidentes, ella abandonó la testera, sorprendiendo a los concejales y vecinos presentes.
Ante esta acción, la sesión continuó, pero presidida esta vez por el propio concejal Torres, sin que pudieran tratarse temas tales como la misma destitución.
Torres, sin embargo, planteó nuevamente su inquietud respecto del uso y abuso publicitario que se estaría haciendo del periódico municipal «El Hualpenino».
La concejala Lagos continúa ejerciendo su cargo de elección popular, mientras se espera el fallo definitivo de segunda instancia, y no tiene impedimento legal para continuar su campaña de postulación a un nuevo período, después de lo cual tendría que decidir si seguir como concejala, o continuar como funcionaria municipal.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
.jpg)