miércoles, 24 de agosto de 2011

La Verdad sobre la Mala Calidad de la Educación Chilena


La necesidad real de mejorar la calidad de la educación en Chile, se diluye lamentablemente en discusiones que rayan en lo banal, dirigidas por "autotitulados expertos" que hablan como desde el Olimpo, distrayéndose en metáforas y dándose vueltas con la administración y el financiamiento en una verdadera entelequia que sirve sólo a la clase política que se encuentra al borde de sentirse desplazada.
Porque los verdaderos actores de la Educación en los ciclos Básico y Medio, conforman una sola trinidad indisoluble –o que por lo menos siempre debió serlo–: Alumnos, Profesores, Apoderados. Y es esta tríade, bajo la protección del Estado, la que debió ser siempre escuchada, como fuente de conocimiento de la realidad educacional en esos dos niveles, ya que el universitario es cuestión aparte en todo sentido.
La situación actual de la calidad de la educación tiene su origen y parte en las aulas, en las escuelas y liceos; no en las comisiones de alto vuelo. Está en la gran cantidad de profesores sin vocación, sin incentivo económico y sin interés; docentes que se niegan a la evaluación, control o calificación alguna, como ocurre con el líder gremial máximo del Magisterio, Jaime Gajardo.
Y quienes mejor conocen de esta realidad, son los padres y apoderados organizados en centros locales y agrupaciones comunales, que por décadas han venido trabajando con organismos internacionales especializados al interior de la UNICEF en busca de una solución al dilema calidad, pero sin encontrar eco o voluntad real en las autoridades itinerantes del Ministerio de Educación, en los últimos veinte años.

La Verdad.-
Por falta de apoyo y voluntad política, nadie se ha atrevido a descubrir la verdad al interior de las aulas en los establecimientos municipalizados, para concluir que el Magisterio debe tener un mejor trato social; debe alentársele a formar y mantener su vocación, y debe tener incentivo para interesarse en el cumplimiento eficaz de la noble tarea de enseñar, como formador de generaciones. Este debe ser el primer paso hacia el logro de una educación de excelencia, y de la formación óptima que permita al estudiante llegar y alcanzar el mejor desempeño en la Universidad.
Del mismo modo, por aparente pudor, nadie se ha atrevido a plantear que la desmunicipalización de la educación es necesaria y urgente, ya, porque los municipios son entes de generación política, y los alcaldes-sostenedores son por lo general autoridades que utilizan gran parte de los recursos, no en la calidad docente, sino en distribuir cargos y sueldos en los departamentos de educación como pago a los apoyos políticos recibidos. Así, por ejemplo, el alcalde despide a un maestro con años de experiencia y sueldo alto, para contratar a dos o tres jóvenes profesores recién egresados, con menor desembolso, pero que militen en una tienda determinada, sin importar experiencia o calidad. Lo demás, son barnices superficiales, como los buses de paseo o las orquestas infantiles que surgen con gran faramalla, pero que terminan desapareciendo a poco andar.

Soluciones.-
La reciente “beca a la vocación” para las carreras de pedagogía, implementada por el actual Gobierno y acogida por la mayoría de las universidades, es un gran salto en la dirección acertada; una primera gran medida. Pero hay otras que deben ser puestas en práctica con sentido de urgencia, tales como, entre otras, las siguientes:
• La desmunicipalización, con control del Estado a través de una superintendencia;
• Evaluación docente efectiva, impidiendo que profesores paguen por sus tareas a verdaderas organizaciones que encontraron en ello un nicho productivo;
• Control cuidadoso de los gastos e inversiones de los aportes estatales percibidos;
• Control de las aptitudes profesionales y vocacionales de los nuevos contratados, de los docentes, directivos y administrativos;
• Control riguroso de los programas de cada nivel o curso, en contenido y cumplimiento;
• Fortalecimiento de la participación efectiva de padres y apoderados, en instancias como los “consejos escolares”, con facultades propositivas y consultivas, además de derecho a voto y a la información, y
• Fortalecimiento de los sistemas de control a la calidad, que se establecerá como un derecho constitucional, perfeccionando o remplazando a las pruebas SIMCE, para impedir, por ejemplo, que los alumnos de más bajo nivel o problemas de rendimiento sean excluidos de esos certámenes, en busca de una fraudulenta excelencia académica.

Educación Superior.-
Después del primer paso, que permitirá la llegada a la universidad a estudiantes en mejores condiciones, es necesario introducir drásticas reformas al actual sistema.
La educación universitaria no puede seguir siendo mercantilizada a costa de los recursos fiscales. Porque cada vez que el Estado ha incrementado sus aportes, las universidades se han ido distanciando de los costos reales, elevando indiscriminadamente sus aranceles y dejando aquéllos como mal llamado "arancel referencial", sobre el cual, para peor, se calculan innumerables beneficios que quedan así muy lejos de alcanzar la realidad ya exagerada.
Es claro que idealmente la educación universitaria debería ser gratuita. Pero esperemos que ello ocurra cuando Chile sea de verdad un país plenamente desarrollado.
Sin embargo, el Gobierno debe impedir que se siga burlando la ley, como ha ocurrido los últimos veinte años, en aquellas universidades que se han constituido como entidades "sin fines de lucro". Y de modificarse la norma para pemitir un sistema mixto, el Estado no debe entregar recursos fiscales a las universidades que declaren perseguir legítima ganancia con la educación.

domingo, 7 de agosto de 2011

¿Ingobernabilidad?


El presidente RN Carlos Larraín fue simplemente consecuente, y comparto sus expresiones.
A ello, hay que agregar que si Frei habló en Argentina de ingobernabilidad, es porque la Concertación está armando un "tinglado"
para desestabilizar de verdad al Gobierno y las instituciones, como lo
vengo repitiendo hace mucho en este espacio. Más que eso, a mi juicio,
Frei no sólo traicionó a la Patria denostando al Presidente de Chle en el extranjero, sino que traiciona una vez más la memoria de su padre, Frei Montalva, sin cuyo apellido no habría alcanzado el sitial que hoy ocupa como ex presidente de la nación.
Pocos políticos se atreven a decir las cosas claras. Prefieren actuar con hipocresía, por temos a las reacciones, declaraciones ácidas, o burlas en las redes sociales, aunque esto no es nuevo, porque hay también hipócritas en las organizaciones locales.
Ojalá haya más ciudadanos y políticos valientes, capaces de descubrir la estrategia subversiva de la Concertación apoyada por la extrema izquierda, porque Chile debe alcanzar el restablecimiento de la cordura y la paz social, y ello sólo será posible desenmascarando a quienes hoy utilizan encapuchados, estudiantes y trabajadores, valiéndose de algo tan sensible para el país, como es la educación.
El presidente del Colegio de Profesores, que más que profesor, parece un maestro del sectarismo político y religioso, no escucha cuando se habla de calidad de la educación, porque le cuesta reconocer que hay profesores de pésima calidad.
La educación en Chile no es sólo cuestión de platas o de lucro. Es
cuestión de formación del profesorado, de vocación y de mayor control.
Pero más importante: los profesores universitario deben tener cursos
de pedagogía, porque muchos de ellos son excelentes profesionales, pero no saben enseñar.

jueves, 21 de julio de 2011

AGITADORES




He oído decir que hablar de “agitadores” en medio de las protestas en Dichato es una forma de ceguera ante la imposibilidad de “ver” la realidad de los pobladores que hoy tienen que vivir en aldeas o campamentos de emergencia, o para desconocer la falta de soluciones.

Y es que sólo deseo hacer notar que no cabe explicación alguna para que dirigentes poblacionales que debieran saber actuar racionalmente frente a la realidad, no sean capaces de entender que la magnitud de la destrucción de sus fuentes laborales y viviendas, fue causada por la Madre Naturaleza, y no por el Gobierno que trata de hacer lo mejor para enfrentar las necesidades de las víctimas.

¿No son agitadores los que en este escenario buscan provecho político para desestabilizar al Gobierno, como lo hacen otros irracionales que empujan a los estudiantes a rechazar cualquier propuesta antes de que éstas se conozcan?

jueves, 14 de julio de 2011

Vergüenza en Hualpén


Lo sucedido en el último Concejo Municipal de Hualpén (13 de julio) dejó al descubierto lo que parece ser una organización informal de vecinos que planifican acciones concertadas, no sólo para defender de sus actuaciones al alcalde Marcelo Rivera, sino también para atacar, agredir, amenazar y amedrentar a todo aquel que se oponga a su inadecuada forma de gobernar la comuna.
La mayoría de los integrantes de este grupo, son dirigentes vecinales y de organizaciones funcionales, a quienes se les ha asegurado entre otras cosas, que de no seguir Rivera (o su hijo) en la alcaldía se terminarán todos los beneficios sociales que hoy entrega la Municipalidad hualpenina, tales como subsidios que provienen de acciones del Gobierno -cualquiera que éste sea-, o talleres que en todas las municipalidades se realizan como parte de la labor de las respectivas DIDECOs.
La sorpresiva concurrencia masiva al concejo de gran número de estos dirigentes y un beun número de funcionarios, tuvo un propósito claro, cual fue el de apoyar al Alcalde. Pero también evidenció que pudo tener un propósito calculado o concertado, cual fue el de atacar y agredir físicamente al concejal Gabriel Torres, y de paso, a su abogado Robert Contreras.
El concejal PS Luis Isla, al parecer también sorprendido por la concurrencia, esta vez sacó la voz para invitar a los vecinos "de ambos lados" a que continúen concurriendo a los concejos municipales, para que sepan y vean cómo es el trabajo en el Concejo.
Pero las agresiones ocurridas no dejan de ser un hecho lamentable que avergüenza a la comunidad.

Luis Tapia González

lunes, 11 de julio de 2011

Asombro, Temor y Esperanzas en Hualpén

En medio del caudal informativo acerca del caso “Marcelo Rivera”, hay un aspecto que a mi juicio no se ha mencionado en su debida dimensión, y que se relaciona con los sentimientos tan diversos de la comunidad hualpenina, que en general ha reaccionado con asombro y estupor frente a la llamada "Investigación Secreta" y a los allanamientos ordenados por la Fiscalía.
Se percibe aquí una mezcla de angustiosa compasión y alegría reprimidas por el temor frente a los repentinos y casi imprevistos acontecimientos, ya para nadie era desconocida la fuerza y energía del Alcalde, junto a su audacia y habilidad política como ha sido destacado en los medios.
Pero es necesario dejar de lado la hipocresía y el temor, para reconocer que ante lo ocurrido, también hay signos de esperanzas por parte de pobladores y dirigentes sociales que por años vienen sufriendo el verse rechazados y discriminados por no formar parte de las huestes partidistas o partidarias del Jefe Comunal.
La discriminación social es algo que –por lo complejo– no siempre es abordado por los medios, y es lo que ocurre en Hualpén, independiente de las razones para que los resultados electorales no se ajusten a esta realidad.
Porque hay barrios completamente abandonados, sin áreas verdes y que parecen potreros, por el sólo hecho de que sus dirigentes vecinales no están alineados políticamente con el Alcalde. Barrios a los que no se le entregaron juguetes para más de una navidad –castigando injustamente a decenas de niños– y que tampoco recibieron la misma ayuda que otros sectores cuando las necesidades eran iguales, con motivo del sismo del 27F.
Y es que su “meteórico ascenso político” lo ha hecho Rivera transitando por una calzada de doble vía, de modo que mientras ha tendido su mano a quienes le respaldan incondicionalmente, ha discriminado de manera increíble a quienes simplemente no son de su sector, o se han atrevido a criticarle, o más aún, han intentado combatir sus errores. Basta que una persona haya sido “marcada” por el Jefe, para que sus funcionarios municipales hagan lo propio.
Más allá de la cuestión financiera, como recursos no declarados o no invertidos, el trato y la discriminación social es una lacra que se espera comience a llegar a su fin.
Porque así como el Alcalde se jacta frecuentemente de haber luchado contra la “dictadura” militar, él mismo ha instaurado una forma “dictadura comunal” en Hualpén, como ha sido denunciado en más de una ocasión, pero casi en voz baja, tanto por pobladores como entre funcionarios municipales, profesores y trabajadores de la salud.
Todo Hualpén espera que lo ocurrido se aclare a la mayor brevedad, para seguir la vida cotidiana en tranquilidad y en procura siempre de una calidad de vida mejor.

lunes, 4 de abril de 2011

Ignorancia Politica

El reciente triste episodio en la actividad política regional, deja heridos y trinfadores. Aunque digan que no.
Pero lo importante, en el fondo de lo ocurrido, es que también deja lecciones que deben ser aprendidas, y desnudó la tremenda ignorancia de muchos políticos que se han erigido a sí mismos como conductores de la opinión pública, como expertos de la política, o como aladides de la democracia.
Es el caso de quienes desconocieron los principios básicos de lo que es una acusación constitucional, cuando trataron de usar este mecanismo como una artimaña para deshacerse de una autoridad que les causó irritación por el sólo hecho de no acceder fácilmente a presiones de entregar los cargos que apetecían en forma indiscriminada.
El caso de Navarro es cuento aparte, porque parece evidente que estuvo a punto de lograr su objetivo: eliminar a Van Rysselberghe como posible competidora en la contienda senatorial que se avecina.
Pero también queda al descubierto la ignorancia política o desconocimiento del verdadero sentido de la actual legislación social, de quienes pretenden controlar desde afuera las atribuciones que competen exclusivamente al Presidente de la República. Porque, por un lado, Marcelo Rivera pretende tener un intendente "que no sea manejado desde la Moneda", y por otro, Clemira Pacheco parece olvidar que la figura del Intendente es representar en la región al Presidente de la República, al afirmar que "... más nos gustaría que el intendente fuerea electo democráticamente".
Ahora, el espectáculo se traslada a otro terreno, en busca de un intendente(a). RN regional buscará frenéticamente el diálogo con la nueva autoridad, para dar a entender que nunca quiso obstaculizar el trabajo de la ex-intedenta, mientras que quien resulte finalmente designado, tratará de acercarse a RN para mostrar que toma distancia de quien fue empujada a renunciar a su cargo.

lunes, 7 de marzo de 2011

Uso y Abuso de las Instituciones Públicas

Ya es hora que los parlamentarios que honestamente ejercen su labor, busquen legislar para evitar el uso y abuso indiscriminado de las instituciones existentes en el país, de modo que no ocurra lo que con el senador Alejandro Navarro, que en vez de legislar, fiscaliza para llenar de recursos de protección a las cortes, y a la contraloría con peticiones administrativas, mientras por otro lado propone o apoya interpelaciones y acusaciones constitucionales, aunque sean inconduscentes. Y ello, causando grave perjuicio por los recursos fiscales que se distraen, y por la saturación que muchas veces causa desatender a ciudadanos que realmente necesitan de atención. Lo anterior, porque el ejercicio del Poder Legislativo debiera usarse por sus poseedores, preferentemente para legislar.
Y es que por estos días pareciera que todos queremos ser fiscalizadores: los diputados, por derecho propio; los senadores, que se han visto como activistas encabezando marchas políticas bajo el disfraz de la reconstrucción; ahora los consejeros regionales, que surgen como un nuevo poder del estado, y en fin, los ciudadanos, que son fiscalizadores por naturaleza, pero sin el poder de aquellos.
Pero falta orden, porque generalmente la fiscalización, genuina o no, termina en una suerte de acusaciones que al no estar sustentada por pruebas concretas, llegan a los tribunales, a la contraloría, o al parlamento, en forma de denuncias o recursos de protección; peticiones administrativas de investigación; interpelación o acusaciones constitucionales. Todo a gusto del grupo político o del personero que la lleva adelante. No siempre para obtener resultados, pero sí para estar presente en los medios.