La Misión de Informar

El derecho a informar y a ser informado es sin duda alguna uno de los pilares fundamentales de la verdadera democracia. Por tanto, el que niegue la información, se niega también a la transparencia de la que tanto se habla, haciendo que los demás duden lícitamente de su actuar, al pretender ocultar los actos que son de interés público, como por ejemplo, los que se derivan o deben derivarse del uso de recursos que el Estado entrega para beneficiar a los habitantes del país.
Desde luego, la información es vital a la hora de tomar cualquier clase de decisiones, como ocurre frente a la oportunidad de elegir mediante el voto a las autoridades que deben velar por el bienestar de la ciudadanía.
La propia Constitución Política de la República consagra el derecho a informar y ser informado, en el Nº 12 del Art. 19, que se refiere a los derechos ciudadanos. Y también lo hace la actual Ley de Prensa Nº 19.733.
Pero hay autoridades que amenazan; que tildan de enemigo político no sólo a quien critique u objete su gestión, sino a quien asuma la misión de informar, como está consagrado en el Derecho Natural, así como en la legislación citada. Autoridades que de esta forma atropellan el derecho de las personas a ser informadas, sin censura previa, de todo cuanto acontece en su comunidad, ordenando o permitiendo que sus funcionarios no informen…
Se nos ha dicho que no existen medios independientes, de verdad. Porque cada medio “depende” de alguien, con su propio criterio y no siempre igual al del otro. Pero lo cierto es que debe entenderse como un medio independiente, justamente al que no acepte presiones, a costa de ser tildado de contrario. Medio independiente es el que no se niega a la verdad; el que recoge las inquietudes de todos los sectores, en tanto no se les niegue la información; el que ofrece sus páginas, sus micrófonos o sus cámaras a todo el que lo necesite, porque la misión de informar es dar a conocer los acontecimientos que se suceden en torno al ser humano.
Por otra parte, debe entenderse que no es enemigo político quien a través de la información hace notar falencias o errores que de otro modo parecieran pasar desapercibidas.
Las comunidades necesita un medio de expresión, abierto a la opinión de quien lo desee, por lo que invitamos a columnistas, articulistas y comentaristas a expresarse en forma responsable y respetuosa. Invitamos también a los dirigentes vecinales y de organizaciones sociales, para tener un corresponsal en cada una de ellas, que nos den cuenta de sus realizaciones, inquietudes y necesidades, sin que se sientan amenazados o amordazados.
Creemos firmemente que esta es nuestra misión, y por tanto, quedamos al servicio de la comunidad: las personas, empresas, organizaciones y autoridades, de todos quienes también esperamos su respaldo.

Alza de Pasajes en Regiones

En los últimos días se ha anunciado y se ha concretado importantes alzas en el valor de los pasajes, en diversas ciudades y localidades de regiones, incluyendo la nuestra.
Uno de los factores que gatillan estas alzas es el precio de los combustibles, tremendamente distorsionado por el ya famoso impuesto específico, o adicional, que a mi juicio debiera desparecer o reducirse en forma drástica, por tratarse de un impuesto que conforme a las leyes que le fueron dando forma, está destinado a fines diversos, pero calculados en una proyección de incremento mucho menos fuerte que la actual.
Lo anterior quiere decir que el Fisco está percibiendo ingresos muy superiores a los estimados en sus inicios. Y si esos mayores ingresos debieron destinarse, por ejemplo al aumento de las pensiones de vejez, éstas no se han visto aumentadas en el mayor precio sostenido por los combustibles, lo que significa que tales diferencias debieran presentarse en algún estado, como superávit de las arcas fiscales. ¿Qué ha sucedido con ello?

Serviu y los Proyectos de Mejoramiento

Los proyectos vecinales que se enmarcan dentro del programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, como los de “Mejoramiento de la Vivienda y su Entorno” y otros, revisten tan grande importancia, como el reconocimiento que debe hacerse del esfuerzo realizado por el Gobierno para llevar adelante estos planes en beneficio de las familias de menores recursos a lo largo de todo el país.
Y es justamente por la importancia de esta acción gubernamental, que creemos necesario que las autoridades no sólo participen del sostenimiento y ejecución de estos programas, sino que además se preocupen de velar por la transparencia en el uso de los recursos fiscales que se entregan para ellos, con el fin de evitar oportunamente las desagradables sorpresas relacionadas con abusos e irregularidades que rayan en la corrupción, como se ha visto en otros sectores que tienen que ver con la administración de los recursos puestos por el Estado en favor de los más necesitados en todo el país.
Para ello, la autoridad competente debe arbitrar todas las medidas necesarias, fiscalizando y facilitando la fiscalización en cada proyecto que se ejecute, sin hacer tabla rasa de las inquietudes planteadas por los pobladores, como ha ocurrido con motivo de la ejecución de numerosos proyectos cuya calidad ha sido disminuida, con fines poco claros.
Recambio de techumbres sin canaletas ni bajadas de agua; cambio de cubierta en edificios, dejando todos el maderamen húmedo y semidestruido por termitas; rejas de antejardín que fueron concebidos con barrotes tubulares y radier lieneal completo, y que terminaron en perfiles de ángulo, delgados, con tres o cuatro “pollos” en vez de radier”; pavimento de calzadas a las que le quitaron el derecho a veredas; nuevas fachadas, con puertas angostas, y pequeñas ventanas de cargo del poblador… en fin, todo un descalabro del que nadie se atreve a hablar, ni mucho menos denunciar. Todo esto, son algunas de las irregularidades que quedan ahí, en silencio, culpando sólo a la condición de pobreza…
Creemos que no se trata de buscar culpables.
Se trata de buscar las formas de evitar estos abusos, vengan de donde vengan, y dando antes que nada confianza al poblador para que no tema exigir la calidad con que estos proyectos han sido concebidos. Pero de verdad. Sin agresiones solapadas ni represalias, lo que todos debemos combatir igual que a la delincuencia.

Contundente Fallo Por Ilegalidad de la Municipalidad de Hualpén en Contra de Junta de Vecinos 44-C

En contundente fallo, la Corte de Apelaciones de Concepción ordena a la Municipalidad de Hualpén a registrar y certificar el cambio de presidente de la Junta de Vecinos 44-C “José Miguel Carrera”, que la entidad edilicia se había negado a cumplir desde la destitución por censura, del ex presidente Héctor Delgado Soto, ocurrida en julio de 2007.

El fallo del Tribunal de Alzada penquista sentencia en el Recurso de Protección deducido en contra del municipio y de su alcalde, Marcelo Rivera, que “debe considerarse válida la nueva directiva de la junta de vecinos 44-c, encabezada por su presidente César Andrades, y consecuencialmente la municipalidad recurrida debe proceder al registro de esta directiva… … y a otorgar el certificado referido en el artículo 6 inciso 2 de la Ley 19.418”.

DECLARADA LA ILEGALIDAD.-
Refiriéndose al fondo del problema, por la no certificación requerida, y que dio origen al Recurso hecho por los vecinos, la Corte acoge en todas sus partes los planteamientos de los recurrentes, al expresar que “la negativa del ente municipal constituye una ilegalidad y un desacato al artículo 6 de la Ley 19.418 precitado, perjudicando o limitando el derecho de asociación que corresponde a los actores conforme al artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política de la República”.

EL DICTAMEN DE CONTRALORÍA.-
La resolución judicial, de fecha 3 de junio en curso, ratifica además el pronunciamiento emitido por la Contraloría Regional del Biobío fecha 15 de abril, “tenido a la vista, y en el que, analizando el mismo problema de este recurso de protección, llega a similar conclusión”.
Cabe recordar que la defensa municipal rechazó el dictamen por cuestiones de forma, no obstante que las bases jurídicas del mismo, así como los hechos, están a la vista, y no cambiarán. El municipio sostiene que Contraloría no debió emitir un pronunciamiento sobre materias que se hallaban pendientes de resolución en los Tribunales, refiriéndose los dos recursos presentados ante la Corte: el de Protección recientemente fallado, y el de Ilegalidad, que se hallaría en su fase final.
En su análisis jurídico, la Contraloría Regional sienta importantes precedentes sobre la inviolabilidad a la autonomía de las juntas de vecinos y demás organizaciones sociales, que es lo que los recurrentes sostuvieron desde un principio, frente a la arbitrariedad sostenida por la Municipalidad de Hualpén y su alcalde, Marcelo Rivera.

Alcalde de Hualpén Desafía la Legalidad

El alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, hasta ahora presidente regional del
PPD, ha desafiado abierta y públicamente la legalidad al rechazar categóricamente
un dictamen de la Contraloría Regional de Concepción, que simplemente le ordena
cumplir con la ley, ante su negativa de certificar el cambio de presidente al
interior de la Junta de Vecinos 44-C "José Miguel Carrera", de esta comuna. Esta vez, "la defensa" municipal intenta utilizar como resquicio el que la
Contraloría no podría pronunciarse mientras se tramitan en la Corte de Apelaciones
dos causas interpuestas sobre el mismo tema. Con ello, el alcalde Marcelo Rivera,
o su equipo de asesores, está utilizando el mismo pretexto dilatorio que utilizó
ante la Corte de Apelaciones en nuestra primera presentación, procurando engañar o
distraer la atención de los tribunales. ¿Qué hace que una autoridad local persista en vulnerar la autonomía de
una orga nización social? ¿Qué grandes motivos tiene para negarse a cumplir con la ley que le ordena
certificar las modificaciones en el directorio de una junta de vecinos? ¿Por qué a cualquier pretexto desconoce la argumentación jurídica de la
Contraloría, que es la misma que le hemos planteados como vecinos debidamente
informados? ¿Es posible que un alcalde oficialista se eche al bolsillo una resolución
imperativa de la Contraloría, sin dejar que las instituciones funcionen? El dictamen de Contraloría ha sido dictado en estricto derecho. Lo demás
son simples pretextos, excusas dilatorias e ilegalidades. Y si el alcalde no se
ajusta al derecho, ¿qué le exigiremos a sus funcionarios o a los vecinos en
general? Las acciones ante la Corte, que alude su "defensa", fueron presentadas después
que lo hiciéramos en Contraloría, organismo este último al que entregamos los dos
fallos anteriores del año 2007: el de la Corte, que decidió esperar por una lenta
resolución del TER, y el de este último tribunal, que finalmente se declaró
incompetente por las mismas razones de autonomía por las cuales el alcalde no debe
intervenir. La Contraloría tenía la obligación de pronunciarse, ya que no tenía por qué
saber que después volveríamos a recurrir a la Corte, en uso de nuestros justos
derechos. Los dirigentes vecinales sólo esperamos que quede claro que el alcalde
"se la juega" por eludir la Ley y por intervenir ilícitamente al interior de las
organizaciones sociales. Entonces, es obvio concluir que una vez más nuestro alcalde en Hualpén,
"se la juega" para evitar cumplir con la Ley y con sus obligaciones de autoridad
en beneficio de todos los pobladores habitantes de esta comuna, y no en resguardo
de un dirigente que ha sido cuestionado al interior de una organización absoluta y
soberanamente autónoma. Por lo tanto, es falso que los recursos ante la Corte se
refieran a si fue legal o no la censura a un dirigente, como lo afirma, ya que
ambos sólo se refieren al obstinado incumplimiento de la ley, que le ordena
certificar una decisión autónoma de la junta de vecinos. Por otra oparte, hay que recordar que mientras nos acusaba de "dictadores"
porque habríamos "derrocado" a un presidente de la junta de vecinos que fue
censurado por una asamblea extraordinaria conforme a la ley, él avalaba también
mediante la censura, el descabezamiento de todo el directorio de la Asociación de
Funcionarios de la Municipalidad de Hualpén, organización gremial que recién ha
entrado en un proceso electoral del que no todos confían (no hablan en voz alta
porque temen perder sus puestos). Hoy, queda al descubierto que la única razón por la que el alcalde no reconoce
el cambio de presidente, es porque el dirigente César Andrades, quien quesó a la
cabeza de la organización tras ejercer como su vicepresidente, va como candidato a
concejal por la Alianza, cosa que no nos importa, porque como el mismo alcalde
dice, hay que trabajar unidos, "sin mirarnos el color político unos a otros", por
el bien superior de la comunidad. La pertinacia del alcalde no alcanza a sernos comprensible. Menos aún, cuando
uno escucha sus discursos en los que siempre habla de "unidad", "trabajo
conjunto", "nobleza, generosidad y grandeza"... ¿Por qué insiste en apartarse de la Ley el alcalde de Hualpén, aun a costa de
mantener marginados de participar por ya casi un año a todo un sector habitacional
de la comuna? Conocidos son ya por buena parte de la población, numerosos otros recursos por
actos contrarios a la legalidad, como los empresndidos por un profesor con motivo
de un llamado a concurso; el de cerca de 50 funcionarios de la salud, por
rebajarles arbitrariamente sus rermuneraciones; el reclamo interpuesto por el caso
de los funcionarios municipales ante la Inspección del Trabajo, que terminó en una
declaración de "práctica antisindical" por parte del alcalde, que debía llegar a
conocimiento de la Contraloría; los reiterados reclamos del Colegio de Profesores,
y en fin, entre otras acciones, los recursos interpuestos por nuestra propia junta
de vecinos. Recién hace unos días, el alcalde dio su cuenta pública en un gran centro de
eventos, la que quedó marcada por la manifestación de un vecino que se atrevió a
mostrar su disgusto a viva voz. Y entre las pifias de unos y aplausos de otros de
los asistentes, el vecino fue sacado por los guardaespaldas, por su valentía,
mientras el alcalde las emprtendía verbalmente contra un concejal.

Promesas Incumplidas y Dictadura

Las promesas incumplidas por el actual Gobierno, no son la única razón por la que muchos chilenos ya no volverán a votar por la Concertación. Y es que durante todos estos gobiernos "democráticos" se ha tratado de tapar los errores administrativos, casos de corrupción y hasta la mala gestión emprendida, con el recuerdo de la dictadura del Gobierno Militar, dejada atrás hace ya 17 años. Francisco Vidal, por ejemplo, en vez de responder por su directa responsabilidad en el caso Chiledeportes, pide explicaciones de lo que hizo o no hizo un otrora funcionario del Gobierno Militar en La Moneda.

Lo más grave, es que la Concertación nos hace pensar a muchos chilenos que los males propios de las dictaduras, como el autoritarismo, el abuso de poder, la corrupción, la negativa a escuchar al ciudadano común... hacen la verdadera democracia, y no sólo la capacidad para elegir por votación popular a quienes asegurarán más tarde que nos representan genuinamente.

Porque la Televisión nos ha mostrado cómo en Santiago la Ministra de Salud se niega a escuchar a pacientes, ciudadanas y ciudadanos, que la encuentran en sus mediáticas visitas a diversos centros asistenciales; y cómo la propia Presidenta se niega al diálogo debidamente adecuado con los deudores habitacionales en riesgo de perder sus viviendas. Mejor aún. En la "democracia" que vivimos podemos ver la realidad cotidiana a nivel de comuna y de barrios, cuando a los alcaldes que no pertenecen a la Concertación no se les atienden sus demandas como sí se hace a manos llenas con las comunas oficialistas.

Y qué decir de las "pequeñas dictaduras comunales", donde la legalidad es perseguida por la ilegalidad; donde los sistemas educacionales y de salud son --con pocas excepciones-- una bolsa de trabajo para pagar el favor político, creando además un ambiente laboral desagradable, donde ya se impone el "soplonaje" y el temor.

Pequeñas dictaduras donde los pobladores son instruidos hasta para que se alejen de sus juntas de vecinos, si sus dirigentes son "no alineados" con la autoridad de turno... y donde apenas hay unos pocos manifestantes que se atreven a salir a la calle con pancartas en las que puede leerse, por ejemplo: "¿de qué democracia hablamos?", o "¡¡Queremos Democracia!! ¡¡No Autoritarismo!!. Entonces, iremos viendo algo así como un descenlace a medida que se acercan las próximas elecciones, donde como piezas de ajedrez los electores irán tomando sus nuevas posiciones, para intentar decidir una vez más, en conciencia, qué autoridades son las que queremos darnos.

Por Ilegalidad: Recurso Contra Municipalidad de Hualpén

La Corte de Apelaciones de Concepción dio plazo hasta el 8 de septiembre para que la Municipalidad de Hualpén informe acerca de por qué tiene paralizada a la junta de vecinos 44-C "José Miguel Carrera", luego que ésta censurara y por tanto cesara en su cargo al ex presidente Héctor Delgado, por malos manejos financieros, y por mantener en secreto la inversión de cerca de 16 millones de pesos de fondos asignados a la organización entre los años 2002 y 2006.
El Tribunal de Alzada acogió así el Recurso de Protección presentado el pasado 27 de agosto, en el que se acusa de ilegalidad a la Municipalidad de Hualpén, o a su representante, el alcalde Marcelo Rivera Arancibia, por vulnerar derechos constitucionales de los vecinos, al no reconocer al nuevo presidente, César Andrades Poblete, que debió asumir el cargo con el acuerdo del resto del directorio y de la asamblea, luego de la censura del titular, conforme a las normas establecidas en la Ley de Juntas de Vecinos.
Dirigentes vecinales señalaron que ahora sólo quedan a la espera de la determinación de la Corte penquista, en cuanto a cómo esta instancia validará lo obrado conforme a la Ley y a los Estatutos, para restablecer el normal funcionamiento de la organización, que en la impasse ha visto paralizados numerosos proyectos de adelanto destinados a mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector.