Alcalde de Hualpén Desafía la Legalidad

El alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, hasta ahora presidente regional del
PPD, ha desafiado abierta y públicamente la legalidad al rechazar categóricamente
un dictamen de la Contraloría Regional de Concepción, que simplemente le ordena
cumplir con la ley, ante su negativa de certificar el cambio de presidente al
interior de la Junta de Vecinos 44-C "José Miguel Carrera", de esta comuna. Esta vez, "la defensa" municipal intenta utilizar como resquicio el que la
Contraloría no podría pronunciarse mientras se tramitan en la Corte de Apelaciones
dos causas interpuestas sobre el mismo tema. Con ello, el alcalde Marcelo Rivera,
o su equipo de asesores, está utilizando el mismo pretexto dilatorio que utilizó
ante la Corte de Apelaciones en nuestra primera presentación, procurando engañar o
distraer la atención de los tribunales. ¿Qué hace que una autoridad local persista en vulnerar la autonomía de
una orga nización social? ¿Qué grandes motivos tiene para negarse a cumplir con la ley que le ordena
certificar las modificaciones en el directorio de una junta de vecinos? ¿Por qué a cualquier pretexto desconoce la argumentación jurídica de la
Contraloría, que es la misma que le hemos planteados como vecinos debidamente
informados? ¿Es posible que un alcalde oficialista se eche al bolsillo una resolución
imperativa de la Contraloría, sin dejar que las instituciones funcionen? El dictamen de Contraloría ha sido dictado en estricto derecho. Lo demás
son simples pretextos, excusas dilatorias e ilegalidades. Y si el alcalde no se
ajusta al derecho, ¿qué le exigiremos a sus funcionarios o a los vecinos en
general? Las acciones ante la Corte, que alude su "defensa", fueron presentadas después
que lo hiciéramos en Contraloría, organismo este último al que entregamos los dos
fallos anteriores del año 2007: el de la Corte, que decidió esperar por una lenta
resolución del TER, y el de este último tribunal, que finalmente se declaró
incompetente por las mismas razones de autonomía por las cuales el alcalde no debe
intervenir. La Contraloría tenía la obligación de pronunciarse, ya que no tenía por qué
saber que después volveríamos a recurrir a la Corte, en uso de nuestros justos
derechos. Los dirigentes vecinales sólo esperamos que quede claro que el alcalde
"se la juega" por eludir la Ley y por intervenir ilícitamente al interior de las
organizaciones sociales. Entonces, es obvio concluir que una vez más nuestro alcalde en Hualpén,
"se la juega" para evitar cumplir con la Ley y con sus obligaciones de autoridad
en beneficio de todos los pobladores habitantes de esta comuna, y no en resguardo
de un dirigente que ha sido cuestionado al interior de una organización absoluta y
soberanamente autónoma. Por lo tanto, es falso que los recursos ante la Corte se
refieran a si fue legal o no la censura a un dirigente, como lo afirma, ya que
ambos sólo se refieren al obstinado incumplimiento de la ley, que le ordena
certificar una decisión autónoma de la junta de vecinos. Por otra oparte, hay que recordar que mientras nos acusaba de "dictadores"
porque habríamos "derrocado" a un presidente de la junta de vecinos que fue
censurado por una asamblea extraordinaria conforme a la ley, él avalaba también
mediante la censura, el descabezamiento de todo el directorio de la Asociación de
Funcionarios de la Municipalidad de Hualpén, organización gremial que recién ha
entrado en un proceso electoral del que no todos confían (no hablan en voz alta
porque temen perder sus puestos). Hoy, queda al descubierto que la única razón por la que el alcalde no reconoce
el cambio de presidente, es porque el dirigente César Andrades, quien quesó a la
cabeza de la organización tras ejercer como su vicepresidente, va como candidato a
concejal por la Alianza, cosa que no nos importa, porque como el mismo alcalde
dice, hay que trabajar unidos, "sin mirarnos el color político unos a otros", por
el bien superior de la comunidad. La pertinacia del alcalde no alcanza a sernos comprensible. Menos aún, cuando
uno escucha sus discursos en los que siempre habla de "unidad", "trabajo
conjunto", "nobleza, generosidad y grandeza"... ¿Por qué insiste en apartarse de la Ley el alcalde de Hualpén, aun a costa de
mantener marginados de participar por ya casi un año a todo un sector habitacional
de la comuna? Conocidos son ya por buena parte de la población, numerosos otros recursos por
actos contrarios a la legalidad, como los empresndidos por un profesor con motivo
de un llamado a concurso; el de cerca de 50 funcionarios de la salud, por
rebajarles arbitrariamente sus rermuneraciones; el reclamo interpuesto por el caso
de los funcionarios municipales ante la Inspección del Trabajo, que terminó en una
declaración de "práctica antisindical" por parte del alcalde, que debía llegar a
conocimiento de la Contraloría; los reiterados reclamos del Colegio de Profesores,
y en fin, entre otras acciones, los recursos interpuestos por nuestra propia junta
de vecinos. Recién hace unos días, el alcalde dio su cuenta pública en un gran centro de
eventos, la que quedó marcada por la manifestación de un vecino que se atrevió a
mostrar su disgusto a viva voz. Y entre las pifias de unos y aplausos de otros de
los asistentes, el vecino fue sacado por los guardaespaldas, por su valentía,
mientras el alcalde las emprtendía verbalmente contra un concejal.

Promesas Incumplidas y Dictadura

Las promesas incumplidas por el actual Gobierno, no son la única razón por la que muchos chilenos ya no volverán a votar por la Concertación. Y es que durante todos estos gobiernos "democráticos" se ha tratado de tapar los errores administrativos, casos de corrupción y hasta la mala gestión emprendida, con el recuerdo de la dictadura del Gobierno Militar, dejada atrás hace ya 17 años. Francisco Vidal, por ejemplo, en vez de responder por su directa responsabilidad en el caso Chiledeportes, pide explicaciones de lo que hizo o no hizo un otrora funcionario del Gobierno Militar en La Moneda.

Lo más grave, es que la Concertación nos hace pensar a muchos chilenos que los males propios de las dictaduras, como el autoritarismo, el abuso de poder, la corrupción, la negativa a escuchar al ciudadano común... hacen la verdadera democracia, y no sólo la capacidad para elegir por votación popular a quienes asegurarán más tarde que nos representan genuinamente.

Porque la Televisión nos ha mostrado cómo en Santiago la Ministra de Salud se niega a escuchar a pacientes, ciudadanas y ciudadanos, que la encuentran en sus mediáticas visitas a diversos centros asistenciales; y cómo la propia Presidenta se niega al diálogo debidamente adecuado con los deudores habitacionales en riesgo de perder sus viviendas. Mejor aún. En la "democracia" que vivimos podemos ver la realidad cotidiana a nivel de comuna y de barrios, cuando a los alcaldes que no pertenecen a la Concertación no se les atienden sus demandas como sí se hace a manos llenas con las comunas oficialistas.

Y qué decir de las "pequeñas dictaduras comunales", donde la legalidad es perseguida por la ilegalidad; donde los sistemas educacionales y de salud son --con pocas excepciones-- una bolsa de trabajo para pagar el favor político, creando además un ambiente laboral desagradable, donde ya se impone el "soplonaje" y el temor.

Pequeñas dictaduras donde los pobladores son instruidos hasta para que se alejen de sus juntas de vecinos, si sus dirigentes son "no alineados" con la autoridad de turno... y donde apenas hay unos pocos manifestantes que se atreven a salir a la calle con pancartas en las que puede leerse, por ejemplo: "¿de qué democracia hablamos?", o "¡¡Queremos Democracia!! ¡¡No Autoritarismo!!. Entonces, iremos viendo algo así como un descenlace a medida que se acercan las próximas elecciones, donde como piezas de ajedrez los electores irán tomando sus nuevas posiciones, para intentar decidir una vez más, en conciencia, qué autoridades son las que queremos darnos.

Por Ilegalidad: Recurso Contra Municipalidad de Hualpén

La Corte de Apelaciones de Concepción dio plazo hasta el 8 de septiembre para que la Municipalidad de Hualpén informe acerca de por qué tiene paralizada a la junta de vecinos 44-C "José Miguel Carrera", luego que ésta censurara y por tanto cesara en su cargo al ex presidente Héctor Delgado, por malos manejos financieros, y por mantener en secreto la inversión de cerca de 16 millones de pesos de fondos asignados a la organización entre los años 2002 y 2006.
El Tribunal de Alzada acogió así el Recurso de Protección presentado el pasado 27 de agosto, en el que se acusa de ilegalidad a la Municipalidad de Hualpén, o a su representante, el alcalde Marcelo Rivera Arancibia, por vulnerar derechos constitucionales de los vecinos, al no reconocer al nuevo presidente, César Andrades Poblete, que debió asumir el cargo con el acuerdo del resto del directorio y de la asamblea, luego de la censura del titular, conforme a las normas establecidas en la Ley de Juntas de Vecinos.
Dirigentes vecinales señalaron que ahora sólo quedan a la espera de la determinación de la Corte penquista, en cuanto a cómo esta instancia validará lo obrado conforme a la Ley y a los Estatutos, para restablecer el normal funcionamiento de la organización, que en la impasse ha visto paralizados numerosos proyectos de adelanto destinados a mejorar la calidad de vida de los pobladores del sector.

Organizaciones Sociales en Crisis

Las Organizaciones Sociales en nuestro país están en crisis.
Numerosos son los ejemplos que nos dejaron los escándalos en Chiledeportes, al utilizar como destinatarios de dineros fiscales a organizaciones sociales de fachada, o simplemente inexistentes por mal constituidas. Otros ejemplos pueden hallarse en la utilización de organizaciones sociales como receptoras de platas fiscales para fines cuya inversión la autoridad no verifica en terreno, permitiendo que los objetivos reales sean burlados, como es el caso de algunos recursos del Fondo Social Presidente de la República.
En este último caso, el Fondo entrega sus recursos a través de determinadas oficinas
parlamentarias, cuyos operadores son los encargados se tramitar la aprobación de proyectos
en favor de dirigentes inescrupulosos, enquistados en organizaciones sociales cuyas bases
han sido debilitadas al extremo de impedir el normal funcionamiento de sus organismos de
control, para no dejar al descubierto el destino último y real de los dineros, rendidos
incluso ante la Contraloría, con facturas de proveedores también inescrupulosos, que no
reflejan la realidad de la inversión realizada.
Y todo este andamiaje se repite entre organizaciones sociales de todos los tamaños y
de toda naturaleza, que por el sólo hecho de tener una personería jurídica, reciben recursos
fiscales, incluso con intervención directa de municipalidades, además de la de
parlamentarios, de modo que los dineros puedan convertirse finalmente en votos, o vayan a
parar impunemente al bolsillo de funcionarios...
Esto ocurre en parte debido a los vacíos legales que no establecen sanciones de peso frente al incumplimiento evidente y flagrante de normas que el legislador puso justamente para evitar abusos y el "apernamiento" por parte de dirigentes inescrupulosos, que se fortalecen además gracias a la desidia a veces calculada de las autoridades municipales, administrativas y hasta judiciales que son las encargadas de regular el funcionamiento de las organizaciones sociales.
Algunos de estos vacíos están en la propia Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias: Por una parte, la Ley no sanciona el incumplimiento de la disposición expresa contenida en la letra a) del Art. 24º de ese cuerpo legal, que ordena la cesación del cargo al dirigente que ha cumplido el período para el cual fue elegido.
El propio Tribunal Electoral de la Octava Región, dictó recientemente su fallo rechazando la reclamación presentada en contra de dirigentes que, ejerciendo ilegalmente tras ser cesado por la Ley, se postularon como candidatos y resultaron elegidos --uno como titular y dos como suplentes--, apropiándose de, y manipulando los registros de socios, en una comunidad atomizada, disgregada, tras diez años de... ¿dictadura?
Por otra parte, las autoridades municipales, amparadas en la opinión de "expertos", se permiten en ocasiones desconocer gravemente las disposiciones estatutarias que tienen por objeto complementar a la Ley en todo lo que ésta no diga. Y pese a su legalidad, tras ser aprobados por la propia municipalidad, se oponen, por ejemplo, a que un presidente de junta de vecinos pueda ser temporalmente "sancionado" por sus malas prácticas o conducta gravemente reñida con las disposiciones legales o de los estatutos; se oponen también al ejercicio legítimo de un vicepresidente, restándole validez al articulado de esta verdadera ley interna que dice --como en todos los estatutos tipos de todas las organizaciones--, que es atribución del vicepresidente "en caso de ausencia o imposibilidad del presidente, subrogarle en el cargo, con las mismas atribuciones y obligaciones de éste".
Ese planteamiento negativo, además de ser una aberración jurídica, atenta contra la verdadera filosofía de la "autonomía", cuando las organizaciones quieren y se rebelan para "limpiarse" por
dentro.
A todo esto se suma el secretismo o resguardo de altos funcionarios que tienen a su
cargo, por ejemplo, el control sobre los fondos fiscales presidente de la república, los que
se niegan a entregar información que permita verificar en terreno la ejecución o inversión
de los dineros recibidos. ¿Es que temen que se descubran nuevos escándalos?
Por último, y aparentemente para no hacerse problemas, la autoridad muchas veces estimula o permite la proliferación de organizaciones con personería jurídica, desatendiendo las normas regulatorias, como es el caso de las uniones comunales, para cuya existencia deben contar con organizaciones bases --como las juntas de vecinos--, que hayan previamente acordado su incorporación a ellas en asamblea extraodinaria de socios, conforme a disposición expresa de la Ley. Una organización mal constituida, también es terreno fértil para la corrupción.
Todo parece estar coordinado para impedir la transparencia; para seguir disfrutando de los abusos que permite el caos; para presionar o perseguir a quienes se atreven a dar voces de alerta, negándoles su legítima participación ciudadana, o la sana ayuda que requieren y que se deriva de ella, a veces, hasta con amenazas y amedrentamiento.
Es necesario que los legisladores honestos se unan ya, sin distingo de tiendas o tendencias, para preocuparse de estas organizaciones que lejos, son el mejor fundamento de la verdadera democracia.

¿Y qué pasa con la in-Justicia...?

El reciente fallo del Tribunal Electoral Regional en Concepción, con el que se respaldó a dirigentes vecinales que manipularon su reelección mientras ejercían ilícitamente, al margen de la ley, “apernándose” en sus cargos, y la resolución del Tricel que confirma sin fundamento lo obrado por el TER, sin molestarse en responder a las observaciones de hecho y de derecho formuladas por el reclamante, constituyen apenas una muestra más en la sumatoria de casos que a nivel nacional muestran una justicia deteriorada, que hay que arreglar…
Los hechos, dejan al descubierto la indefensión en que se hallan en general las organizaciones sociales del país –mal llamadas “autónomas”--, así como los miles de chilenos que día a día son víctimas de los tribunales y sus jueces. ¿Y qué hacen los legisladores?... sólo declaraciones “para aparecer en pantalla”.
A continuación, dejo a disposición de los lectores de este espacio, una recopilación de la brutal realidad judicial chilena, hecha en el periódico digital “ZonaImpacto” por su director, el periodista Miguel “Chelo” Tapia González:

Jueces impunes… y mi irritación
Miguel Tapia G., Periodista

1.- La información de que el juez Guillermo Cádiz seguirá ejerciendo como si nada después de haber sido sorprendido en una notable irregularidad, no me sorprendió. El magistrado tramitó su divorcio en una semana en el tribunal a su cargo en circunstancias que el ciudadano común tarda mínimo seis meses en cumplir el mismo trámite. En su oportunidad, el presidente de la Corte Suprema no dudó en calificar el hecho como un acto de corrupción. Pero al juez lo sancionaron con cuatro meses de suspensión y goce de medio sueldo. O sea estará sin trabajar, en su casa, percibiendo la mitad del sueldo que recibe cuando se supone que trabaja “honestamente”. Después volverá a su cargo como si nada. No me sorprendió porque Chile conoce una larga lista de jueces corruptos que al ser investigados por sus pares, quedan siempre en la impunidad.
2.- Junto con salvar a este juez “express”, el máximo tribunal trató también con guante blanco a un magistrado del norte que en noche de borrachera el Año Nuevo pasado fue detenido en Valparaíso conduciendo su automóvil y se permitió amenazar a los carabineros desde su condición de autoridad judicial. Quedó libre de polvo y paja porque la infracción –en realidad, el delito de conducir ebrio- la cometió cuando no cumplía funciones de juez.
3.- Muy publicitado fue el caso de la “Jueza Express”, María Angélica Grimberg que dictó 840 fallos en 48 horas para superar las metas prefijadas y recibir un incentivo económico. El peso de la opinión pública la obligó a renunciar antes de recibir la sanción que le correspondía.
4.- También quedó en nada la acusación contra el juez de Garantía de Arica Francisco Vargas Vera, que se negó a dejar en prisión preventiva a 70 narcotraficantes que, obviamente, escaparon.
5.- ¡Cómo no recordar el caso del juez de Aysén, Carlos Klapp! Se dejó fotografiar desnudo con una prostituta en la cama de un burdel. ¿Qué hicieron sus superiores cuando evaluaron su conducta reñida con la moral que requiere un magistrado? Lo suspendieron por cuatro meses, con goce de medio sueldo y… ¡Lo trasladaron a Castro! Los habitantes de Chiloé son juzgados ahora por un magistrado inmoral… tal vez porque se les considera ciudadanos de baja categoría.
6.- ¿Y lo que pasó en el sur a mediados de 1999? Fueron dos casos: el juez de Nueva Imperial, Víctor Bergamín, fue denunciado por Gendarmería de haber inspeccionado un centro de reclusión de menores, a los que revisó sin presencia de vigilantes… desnudos. Los miró y tocó a su antojo. ¿Sanción? ¡Trasladado a otra ciudad!.
7.- la misma época, el titular del Cuarto Juzgado de Letras de Punta Arenas fue acusado por haber hecho la reconstitución de escena de la violación de una menor… Con la misma víctima. Y él hizo el papel de agresor. Fue tanto el escándalo, que el entonces Presidente Eduardo Frei pidió su destitución. Si no, también habría quedado impune.
8.- ¿Seguimos? ¿Se acuerdan del caso del Juez Calvo? Frecuentaba un sauna de homosexuales. No puedo criticar su opción sexual. Pero ha había ocultado, la intentó negar y pretendía seguir juzgando las aberraciones sexuales del empresario Spiniak. ¿La sanción? ¡Ahora es Fiscal de Corte! O sea, quien recomienda a los ministros cómo fallar en distintos casos… incluidos los delitos sexuales.

Chile-Argentina: ¿Corrupción en el Fútbol?

Luego de ver el reciente partido Chile-Argentina, para el paso a las últimas rondas del Mundial Juvenil de Canadá, debemos preguntarnos de verdad: ¿Corrupción también en el Fúbol?
Porque a mi juicio, como a juicio de muchos, son corruptos ya los jugadores que simulan ser agredidos --principalmente brasileños y argentinos--, y son a lo menos aparentemente (¿o realmente?) corruptos los árbitros que se hacen los que no ven; que se dejan engañar como niños, burdamente, cuando los jugadores corruptos se tiran "a la piscina" dando 4 ó hasta 5 vueltas sobre sí mismos por faltas inexistentes, las que en ningún caso producirían ese efecto si fueran reales.
A veces, duele hasta la complicidad de comentaristas que ya ni hablan de los evidentes errores referiles, que más parecen favores pagados.
¿Hasta cuándo?
¿Qué hacen los dirigentes de la ANFP y los de la FIFA?
La falta de criterio, la complicidad, y los hechos, ya dan asco, al margen de la llamada "violencia en los estadios", que muchas veces es gatillada por las mismas razones.
En este partido, ví al árbitro alemán como ensañado mirando con odio a los jugadores chilenos... ¡es cuestión de revisar las imágenes!..
Simplemente, nos da rabia.

Transantiago

290 millones de dólares son nada menos que 159 mil 500 millones de pesos.
Nadie entrega esta cifraen pesos, ¿por qué?

(En edición)